Los grupos parlamentarios de Podemos e Izquierda Unida presentarán iniciativas parlamentarias para exigir explicaciones al consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, por el cierre de las ayudas al alquiler destinadas a familias desahuciadas de su vivienda o que están a punto de serlo. Ambos grupos consideran que la intención de la orden aprobada el pasado diciembre es mantenerse abierta sin límite temporal según las necesidades de los solicitantes, por lo que no entienden la decisión de la Junta de Andalucía de suspender temporalmente esta convocatoria, medida adelantada ayer por este periódico.

Esta línea de ayudas se aprobó cuando las competencias aún las ostentaba la consejera de Izquierda Unida Elena Cortés, quien ayer criticó que la Junta se excuse en la falta de disponibilidad presupuestaria. Cortés recordó que la orden que regula las ayudas se aprobó con la vocación de dotarla presupuestariamente según las necesidades de las personas desahuciadas y sin el régimen de concurrencia competitiva, precisamente para que todos los afectados que cumplan los requisitos puedan recibir la prestación.

"Si se agotan los 2,2 millones, se busca de otras partidas que seguramente no sean tan prioritarias, como la ampliación de altos cargos, y para el ejercicio del año siguiente se vuelve a presupuestar", señaló Cortés en declaraciones a esta redacción.

La actual diputada de IU no compartió las explicaciones dadas por la Consejería de Fomento, que justificó la suspensión temporal como "un trámite que pretende asegurar la previsión presupuestaria para dar respuesta al medio millar de ayudas presentadas". El propósito, según la Consejería, es "evitar que algunas solicitudes se queden fuera de percibir esta ayuda en el presente ejercicio, sin menoscabo de su futura atención en el próximo año". Desde la publicación de la orden se han presentado más de 515 solicitudes, de las que se han resuelto a favor 46 y otros 89 están en trámite de fiscalización.

Preguntado ayer al respecto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, afirmó que esta decisión es fruto de una "medida de contención" para replantear lo que se va a hacer en el próximo presupuesto. "Es lo razonable, de acuerdo a la disponibilidad financiera, para no frustrar las expectativas de mucha gente", señaló el presidente en funciones.

"¿Cómo se puede contener un drama que ocurre todos los días?", censuró Cortés, que recordó que estas ayudas se aprobaron como respuesta al recurso del PP a la ley andaluza de función social de la vivienda.

"Entre el PP y el PSOE están asfixiando a las personas en esta situación. No tiene sentido que la Junta se excuse en la disponibilidad presupuestaria, porque esta ayuda material es lo único que tienen estas personas", expuso la ex consejera de IU.

IU presentará una iniciativa parlamentaria, a la que ayer Podemos ofreció su apoyo. El diputado Juan Antonio Gil, portavoz en la comisión de Vivienda, afirmó que hablará con Cortés para consensuar las peticiones de explicación al consejero, aunque Podemos ya confirma una petición de comparecencia en comisión que presentará esta semana.

Gil señaló que, "ante el desbordamiento de las necesidades de los ciudadanos, no podemos tolerar que la única respuesta de la Junta sea ponerse de perfil. Es inconcebible e irresponsable que digan que ahora no hay presupuesto, pero sí lo habrá en los próximos meses, porque estas ayudas no se pueden dar en diferido, las familias la necesitan ahora y una Administración tiene que proteger a estos ciudadanos", subrayó. Para el diputado de Podemos "la falta de previsión de la Junta es una irresponsabilidad, lo que confirma que nuestro no apoyo a la investidura de Susana Díaz no estaba mal encaminado. El tiempo nos está dando la razón", concluyó.

Los requisitos de los beneficiarios de estas ayudas al alquiler son, entre otros, haber sufrido una ejecución hipotecaria o de cualquier otra garantía sobre su vivienda habitual, que el lanzamiento genere una situación de emergencia o exclusión social y que ningún miembro de la unidad familiar sea titular de otra vivienda. La prestación económica puede recibirse durante un máximo de tres años y la cuantía viene determinada por el precio de la vivienda en el mercado, suponiendo un porcentaje de la renta que, en algunos casos, puede llegar al 100%.