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Jerez

CGT denuncia que la contratación de Tragsa "roza la prevaricación"

  • El sindicato remite un escrito a Fiscalía para que se investigue el acuerdo de la comisión de gobierno y pide que se proceda a la inhabilitación para cargo público de Pelayo

CGT anunció ayer las acciones legales que van a interponer contra el Ayuntamiento y la empresa Tragsa por lo acontecido durante la huelga de basura. Adolfo Sánchez, de Jurídica Andalucía, declaró que todas estas acciones se llevarán a cabo desde la confederación andaluza porque "creemos que no sólo es un problema que afecta a Jerez, sino que es un atentado fundamental a los derechos de la Constitución. Es dinamitar los pilares del Estado Social y de Derecho. Y un derecho como la huelga no se puede pasar por encima como se ha visto en Jerez". Sánchez añadió así que desde CGT no ven en "ningún caso" justificada la intervención de la empresa Tragsa -contratada por el Ayuntamiento para la retirada de basura- y resaltó que la comisión de gobierno adoptó "un acuerdo que pudo rozar un posible delito de prevaricación".

Así, CGT Andalucía ha remitido ya un escrito a Fiscalía pidiendo que se "investigue y se lleve a los tribunales, si es necesario, ese acuerdo del Consistorio y se proceda a la inhabilitación para cargo público no sólo a la presidenta, María José García-Pelayo, sino a los miembros de la comisión de gobierno que adoptó ese acuerdo a sabiendas de que era ilegal". Sánchez señaló además que se han personado como acusación particular "porque queremos que nos informen de lo que se resuelva de las dos denuncias que se han acumulado", tanto la presentada por el comité de empresa como por el Ayuntamiento.

Asimismo, el pasado jueves el sindicato presentó una demanda en los Juzgado de los Social de Jerez por "vulneración de los derechos fundamentales. Se ha vulnerado el derecho a la huelga a los trabajadores de Urbaser y el derecho de libertad sindical a los afiliados de nuestra organización en esa empresa (Urbaser). Queremos que se declare esa vulneración y, como establece la ley, una indemnización por daños y perjuicios, que la valoramos como falta muy grave, estableciendo una indemnización como mínimo de 100.006 euros". Por último, el responsable de Jurídica avanzó que estudian interponer mañana una querella a Tragsa.

Por su parte, el secretario general de CGT, Jacinto Ceacero, dijo que si bien se sienten "satisfechos, no deberíamos sentirnos ganadores" y remarcó que "quien ha puesto la solución y el dinero para evitar los despidos, han sido los empleados. Se ha apostado por lo menos sangriento, pero la aspiración que tenemos es recuperar el espacio que estamos perdiendo. Que tome buena nota el Gobierno, porque la clase trabajadora está ya en alerta y se ha creado un modelo de lucha en Urbaser que se irá extendiendo".

El secretario de acción sindical de CGT, Javier Lengo, declaró que "la Policía, la Administración y Ayuntamiento han tenido un comportamiento muy lejos de lo razonable". Por último, el secretario local, Juan González, mostró su satisfacción porque "la lucha de estos trabajadores sirve de ejemplo. Si este espíritu lo hubiera tenido la plantilla del Ayuntamiento, no habría 260 despidos por un ERE ni los que están por llegar".

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