El caos de gobierno en el que cayó el Ayuntamiento de Jerez en el periodo 'entre pactos' sigue dando titulares y juicios casi nueve años después. A lo largo de esta semana (en sesiones de lunes a viernes) se vivirá un nuevo episodio en la Sección Octava de la Audiencia Provincial con la ex alcaldesa Pilar Sánchez, cinco de sus asesores y un técnico municipalsentados en el banquillo de los acusados. Se trata del segundo juicio en torno a la contratación de asesores municipales que se celebra en los últimos meses. Después de que Pedro Pacheco fuera condenado por idéntica Sala a cuatro años y medio de prisión por delitos de prevaricación y malversación al contratar a dos asesores, la denuncia del exalcalde contra la que fuera su socia de gobierno se concretará hoy aunque con notables diferencias. Pacheco ejercerá la acusación popular (no puede ejercer la acusación particular al no ser un damnificado) mientras la Fiscalía no ha visto delito alguno por el momento en la denuncia presentada por el líder andalucista. El Ayuntamiento no se ha personado como acusación en esta causa, tal y como sí hiciera en el juicio contra el exalcalde.

Pilar Sánchez deberá responder ante la Sección Octava de la Audiencia Provincial de "trazar un plan de contratación de asesores y cargos de responsabilidad" con altísimas retribuciones sin acometer para ello los requisitos obligados de publicidad, convocatoria pública, ni recurso o posibilidad de integrar a personal procedente de las bolsas de trabajo.

Una de las claves del caso recae en la forma en la que Pilar Sánchez contrató a sus asesores. De un lado están aquellos que fueron designados por una resolución de la Alcaldía en calidad de personal eventual de confianza, también estuvieron los que accedieron con contratos de alta dirección (algo que cualquier alcalde puede hacer sin excesivos problemas si tiene apoyos políticos suficientes), pero también estaban los casos de asesores que fueron contratados tras ser sacados de las listas del Serjil (el servicio local de inserción laboral) sin que presuntamente se respetaran las listas de espera, ni se revisara la formación de algunos de ellos y sin que tampoco hubiera una criba en la que se eligiera al mejor candidato. "Las obligadas reglas de capacidad, mérito e igualdad no fueron respetadas", se señala en el escrito de acusación.

Las contrataciones -según apunta la referida documentación, la cual fue realizada en su día por el letrado Felipe Meléndez- se realizaron por dos motivos básicamente: "Personas afines a la misma (en referencia a la alcaldesa) bien por cuestiones políticas o bien personales". La petición de pena de cárcel defendida y solicitada por Pedro Pacheco es especialmente alta, nada menos que 23 años y 8 meses de prisión, por presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial.

Cabe destacar que Junto a la ex alcaldesa Pilar Sánchez también están acusados Dolores Caravaca, Rubén Pérez, África Becerra, Francisco Gil y Rosario Cano, para los que se piden penas de 4 años y seis meses de prisión, así como José María Martínez (un técnico del Serjil) para quien se pide una pena de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos durante 4 años y además otros 5 años de prisión.

Según la acusación popular, en los casos de alta dirección, Francisco Gil (que fue nombrado en 2005 coordinador general de Fomento y Desarrollo Económico y asesor de Medio Ambiente en 2007) desarrollaba unas funciones para las que no tenía formación académica ni experiencia laboral previa; sobre Rosario Cano (coordinadora general del Gabinete de Alcaldía desde marzo de 2005 y asesora del grupo Municipal Socialista) la acusación señala que su formación es la de docente, tanto diplomada como licenciada.

En lo que se refiere al Serjil, la acusación fomentada por el exalcalde apunta que "se producen irregularidades en las contrataciones efectuadas, consistiendo estas irregularidades en falta de entrevista a los candidatos y ello pese a afirmarse lo contrario en los informes emitidos por la jefa del Serjil y en su caso por el técnico firmante, José María Martínez". Este técnico está acusado de intervenir presuntamente en todo el procedimiento "siendo finalmente el redactor de los correspondientes informes que después pasaba a la firma de su jefa o bien los firmaba él mismo por orden de la anterior". Sus informes, se sostiene, "no se correspondían con la realidad, sin haber entrevistado a los candidatos y torciendo el proceso de selección de forma deliberada y manifiestamente maliciosa, seleccionando los candidatos que previamente le habían indicado".

Para terminar, la acusación concluye que "los puestos ofertados no se correspondían con una necesidad real del Ayuntamiento, siendo creados 'ad hoc' a los fines de poder serles facilitados a las personas que previamente se había determinado y afines al entorno político y/o de amistad de Pilar Sánchez, produciendo con ello no sólo una quiebra de cualquier proceso selectivo sino un desplazamiento y perjuicio económico manifiesto a las arcas municipales".

El juicio que hoy comienza reunirá en la Sección Octava de la Audiencia Provincial a un nutrido grupo de conocidos abogados. La acusación popular será ejercida por Pacheco a través de Manuel Hortas, después de que las diferencias del ex alcalde con su antiguo letrado, Felipe Meléndez, les llevaran a la ruptura de relaciones. La defensa de Pilar Sánchez estará en manos del no menos conocido abogado Juan Pedro Cosano. El resto de acusados tendrán las representación de letrados tales como Alfredo Velloso, Gregorio Gómez Revuelto o José Manuel Jareño, entre otros.