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Jerez

Nuevo plan del viñedo, el nombre es lo de menos

  • El sector del vino ofrece apoyo sin reservas al proyecto tras el fallido intento municipal El Ayuntamiento recoge el guante y anuncia su colaboración, aunque sus malas relaciones con la Junta no son el mejor de los precedentes

Al hilo del divorcio entre la Junta y el Ayuntamiento por el plan del viñedo de Jerez que elaboró el gobierno local para su aplicación en el ámbito únicamente de la superficie de viña del municipio jerezano, un responsable agrario expresó el sentir del sector con una frase lapidaria: "Da igual como se llame, lo importante es que se haga".

El mismo responsable agrario explicó entonces -allá por el mes de julio- que, con independencia del contenido técnico de un plan pensado para dotar al viñedo nuevos usos relacionados con el turismo, difícilmente podría cuajar nada sin el esfuerzo de suma de las distintas administraciones públicas.

La implicación de las administraciones públicas es una de las patas del nuevo plan del viñedo, en este caso de ámbito provincial, presentado por la Junta a las organizaciones agrarias y operadores del sector el pasado miércoles. A diferencia del planteamiento que realizó el Ayuntamiento de Jerez -y que la Consejería de Agricultura interpretó como una suerte de "amnistía urbanística" al viñedo, la Administración autonómica le ha dado la vuelta al calcetín, para ceder la iniciativa al sector privado y, en función de sus propuestas, acordar luego el plan de acción con las medidas necesarias para su puesta en marcha.

La Junta reconoce que, en "espíritu", el plan es el mismo que el promovido por el gobierno local, pues el objetivo principal es que los propietarios de viñas puedan tener otra fuente de ingresos complementaria de la actividad principal de producir uva para su vinificación. Es decir, se trata de generar riqueza, y de paso empleo, en una extensa parte de la zona rural que atesora grandes posibilidades turísticas por la singularidad de su patrimonio paisajístico y arquitectónico.

Bajo la tutela ahora de la Administración autonómica, la Junta se sentará con el sector privado en una primera fase que se extenderá hasta diciembre, para luego abrir el campo a la participación de las administraciones públicas e instituciones que puedan aportar algo al plan. Y entre todas ellas, tanto el delegado provincial de Agricultura, Federico Fernández, como el jefe del servicio de Promoción Rural y coordinador del nuevo plan del viñedo, Rafael Martín, subrayaron que el papel de los ayuntamientos es esencial, ya que en ellos residen las competencias de conceder las licencias de obra y apertura que requiere cualquier intervención en el suelo de un término municipal, luego tienen la última palabra.

El Ayuntamiento de Jerez, en boca de su alcaldesa, María José García-Pelayo, ha recogido el guante de la Consejería de Agricultura para garantizar su colaboración en aras del interés general que encarna la diversificación económica del viñedo. A priori, el Ayuntamiento no guarda rencor por las trabas legales que puso la Junta a la aprobación de su plan del viñedo municipal, que dio por muerto en julio.

Según manifestó la regidora jerezana el miércoles tras la creación de la mesa de trabajo del nuevo plan que integran la Junta y el sector privado, "el copyright del plan nos da igual", pues "si el plan conserva el espíritu, si mantiene los objetivos, que en definitiva es hacer que el Marco de Jerez sea más rentable, evidentemente vamos a estar ahí".

Los precedentes en las relaciones entre Junta y Ayuntamiento -al enfrentamiento en el plan del viñedo municipal se une la ya larga confrontación en el parque tecnológico agroindustrial- no son precisamente un buen punto de partida para el nuevo plan, en el que el Consistorio jerezano está llamado a llevar la voz cantante al representar Jerez casi dos tercios de la superficie total del viñedo sobre el que se contempla actuar.

Ciertamente, Jerez es con diferencia el principal beneficiario en potencia del plan, ya que agrupa a casi 5.000 de las 8.000 hectáreas de viñedo de la provincia, y de las que la inmensa mayoría están inscritas en la Denominación de Origen Jerez-Xéres-Sherry -en concreto 7.000 hectáreas, que además de Jerez, se reparten por Sanlúcar (1.000 hectáreas), Trebujena (684), El Puerto (288), Rota (224). Chiclana (171), Chipiona (150) y Puerto Real (138)-.

El plan se extiende a otro millar de hectáreas ajenas al Marco de Jerez, la mitad de ellas adscritas a la Indicación Geográfica Protegida de los vinos de la Tierra de Cádiz -que tiene en Arcos su principal baluarte con 215 hectáreas de viñedo-, y la otra mitad de viñas no inscritas en ninguna mención de calidad -en la infografía que ilustra la página se detalla el reparto del viñedo de la provincia por municipios, muchos con superficies simbólicas-.

El Consejo Regulador del vino no pone reparos a la incorporación de viñedos ajenos a la Denominación de Origen del jerez al plan, del que el presidente de la institución jerezana destaca que lo fundamental es que mantenga el objetivo principal del anterior proyecto municipal.

Las organizaciones de productores del Marco anuncian un apoyo sin reservas al proyecto, en el que tienen depositadas grandes esperanzas, por lo que piden un esfuerzo de todas las partes, sin excepción, para llevarlo a buen puerto. Desde las cooperativas de Aecovi, su gerente Carmen Romero coincide con la Junta en la necesidad de establecer unos mínimos de calidad exigible en las iniciativas privadas, al tiempo que aboga por darle una identidad propia, resaltar la personalidad del viñedo de la zona, en lugar de copiar los modelos de otras zonas vitícolas como la Toscana o Nappa Valley.

Los viñistas de Asevi entienden que el plan dará resultados si se hace bien, pues como recuerda su presidente, Francisco Guerrero, "todo está por hacer", ya que la Junta prevé que tras los contactos con sector privado y Administraciones, el plan pueda ver la luz en marzo.

Coag comparte con cooperativas y viñistas el interés por el plan, al tiempo que destaca la ampliación del abanico de partes implicadas con la participación de instituciones y expertos independientes "que pueden aportar mucho", señala Miguel Pérez, secretario provincial de la organización agraria. Para Pérez, el plan es un acierto y parte de bases sólidas para que las primeras iniciativas privadas puedan iniciar su andadura allá por 2015.

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