El Juzgado de Instrucción número 1 de Jerez ha encontrado indicios de delito en la actuación de un notario de la ciudad, después de que destruyera una escritura y elaborara otra más acorde con las necesidades de sus clientes. Los hechos, según se desprende de la instrucción llevada a cabo, se remontan al 20 de abril de 2012, cuando la viuda, la hija y el hijo de un hombre fallecido otorgaron ante el notario, G.G.M., escritura pública "conteniendo disolución del régimen de gananciales, declaración de obra nueva, renuncia y adjudicación de herencia". Cabe destacar que el hijo renunció a la misma por motivos fiscales, cediendo dicha herencia a madre y hermana.

"Una vez expedida copia simple de la referida escritura", la viuda acudió a las oficinas de la Agencia Tributaria en Jerez, en la plaza de las Marinas, donde fue atendida por una funcionaria del Cuerpo de Administradores de la Junta de Andalucía. Ésta, tras cumplimentar en los correspondientes archivos informáticos un modelo 660 y dos modelos 650 (referidos a la viuda y a la hija pues el hijo había renunciado, como ya se ha dicho) informó a la viuda que quedaba exenta de la liquidación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, mientras que su hija, estaba obligada al pago de 21.000 euros.

Ante semejante tesitura decidieron no formalizar la liquidación. Fue por ello que acudieron junto al resto de herederos a la notaría de G. G. M., donde se procedió a la destrucción del referido documento público, el cual estaba protocolizado pero no había sido remitido al Colegio Notarial de Andalucía. De inmediato, así lo sostiene el Juzgado de Instrucción número 1 de Jerez, se procedió a "documentar bajo idéntica data y número de protocolo una escritura pública de contenido diverso, esto es, de adjudicación de herencia testada y declaración de obra nueva, constando en la misma la aceptación de la herencia por parte de ambos hijos". Cabe destacar que este 'cambio' permitía que los dos hijos quedaran exentos del pago del Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

El juez instructor señala igualmente que en los autos consta que "por parte de la notaría se emitieron dos facturas con idéntico número de protocolo, una sellada y pagada a fecha de 26 de abril de 2012 por importe de 1.426,17 euros, y una segunda pagada a 15 de mayo de 2012 por un importe de 1.598,87 euros".

Para el juez instructor, las pruebas pruebas practicadas así como las documentales requeridas dejan bien claro que hay indicios suficientes para entender que el referido notario puede ser el autor responsable de un delito de infidelidad en la custodia de documentos y un delito de falsedad en documento público. El primero de ellos (artículo 413 del CP) está castigado hasta con cuatro años de prisión, mientras que por el segundo se pueden alcanzar hasta los seis, motivo por lo que es bastante posible que el imputado se siente en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial.

Según pudo saber este medio, quien puso el caso en manos de la Fiscalía -que es finalmente quien denuncia los hechos- es la propia Agencia Tributaria que se sorprende de que en apenas unos días la escritura haya cambiado. Tras unas primeras pesquisas por parte de inspectores de Hacienda se determina la comisión de un presunto ilícito, por lo que los hechos son llevados ante la Fiscalía.

Es igualmente destacable que en este caso se ha personado la Junta de Andalucía como parte perjudicada ya que se trata de un impuesto autónómico el que, presuntamente, se intentó ocultar y evitar su pago.