El pleno municipal reafirmó ayer el compromiso de readmisión  a buena parte de los afectados por el ERE (Expediente de Regulación de Empleo)  aplicado en el Ayuntamiento en 2012. Ahora bien, el cumplimiento está condicionado a que el Ayuntamiento no encuentre problemas legales en esa decisión y lo que es, más importante, pueda encajar el incremento del gasto en materia de personal en los presupuestos anuales. Eso sí, la alcaldesa, Mamen Sánchez, insistió en que hay precedentes, ya que se hizo algo similar en el Ayuntamiento de Ayamonte, y reafirmó el compromiso político de que los afectados vuelvan a la nómina municipal. 

La propuesta, en síntesis, establece que los despedidos se incorporarán antes del 30 de junio y que los salarios de tramitación (las cuantías no percibidas mientras han estado fuera de la nómina municipal) los irán percibiendo de forma prorrogada entre 2017 y 2025. Para ello, el Consistorio tendrá que ir suscribiendo acuerdos transaccionales con cada uno de los afectados para que se ponga fin a los recursos judiciales  que están en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Sin embargo, el gobierno local no dio pistas sobre el encaje presupuestario de este incremento pues está claro que habrá que modificar sustancialmente el plan de ajuste vigente, el documento que establece límites a las partidas de gastos. Al respecto, la alcaldesa, Mamen Sánchez, se limitó a señalar: “Tenemos que hacer un plan de ajuste, con todos los informes técnicos y económicos; y todo se incorporará en el presupuesto del año próximo; es una segunda fase del proceso”.

Eso sí, antes de iniciarse el debate, hubo una situación, cuanto menos, curiosa. La propuesta a debatir fue elaborada por el ejecutivo local pero fue el PSOE, el partido gobernante, quien presentó una enmienda. El ejecutivo lo justificó alegando que se había decidido incluir nuevos apartados en la propuesta tras haber tenido nuevas reuniones en estos últimos días con el grupo de afectados, entre ellas que se informaría del acuerdo al TSJA.  

Ya en el debate, hubo numerosas referencias al contenido de un informe jurídico que data de junio y que detalla los pasos a seguir en el proceso de reincorporación —por cierto, grupos como PP y Ciudadanos advirtieron que no han podido acceder a él hasta hace escasos días—. Sin embargo, el PP incidió en que el informe no es concluyente. “Lo que hace este informe es mirar hacia otro lado y dejar la solución final en manos de la interventora, el tesorero y el delegado de Economía”, indicó el edil popular Javier Durá. Por ello, justificó que su grupo se abstuviera en la hoja de ruta aprobada ayer alegando que faltan los informes económicos que respalden la reincorporación. Además, alertó que en el informe jurídico se señala por “dos veces” que el Ayuntamiento tiene que cumplir con los parámetros de estabilidad presupuestaria.  

Mientras, el portavoz de IU, Raúl Ruiz-Berdejo, incidió en que la reincorporación debe ser el paso previo y condición sine qua non de las  decisiones económicas posteriores. Al respecto dijo: “Ese presupuesto y ese plan de ajuste debe hacerse desde la premisa de la reincorporación previa”.

También hubo menciones a las consecuencias de que buena parte de los despidos hayan sido declarados improcedentes por parte de los Juzgados de lo Social como es la imposibilidad de que el Ayuntamiento pueda acogerse a planes de empleo promovidos por la Junta. La edil de Recursos Humanos, Laura Álvarez, incidió en que el organismo autonómico no se ha pronunciado a la solicitud realizada por el Consistorio de acogerse a las ayudas de este año ya que existe la duda legal de que pueda adherirse o no.