Prejubilados del Marco, la antigua central lechera y la industria auxiliar de Delphi reanudaron ayer las movilizaciones para exigir el cobro de sus pólizas tras la infructuosa reunión que mantuvieron el miércoles con el director general de Empleo de la Junta, Daniel Alberto Rivera, quien atribuyó los atrasos en los pagos a la falta de acuerdo con las aseguradoras y a la necesidad de adaptar el proceso a la nueva orden para la concesión de ayudas públicas a los afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE), publicada en el BOJA el 6 de abril.

Decepcionados con la respuesta del responsable de Empleo, un centenar de prejubilados, que bajo ningún concepto están dispuestos aceptar la aplicación con carácter retroactivo de ninguna orden que les perjudique -como es el caso-, se concentraron ayer en las instalaciones de la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC), donde permanecieron encerrados cuatro horas hasta que la Policía los desalojó pacíficamente, sobre las cuatro de la tarde.

El portavoz del colectivo, Juan Pedro Martín, anunció que los prejubilados seguirán con las movilizaciones hasta que la Junta de Andalucía realice o garantice fehacientemente el pago de los atrasos -las ayudas correspondientes al primer semestre- y respete los compromisos adquiridos con anterioridad a la publicación de la orden.

"No vamos a aceptar la retroactividad para peor", explicó Martín, quien insistió en que los prejubilados "no vamos a firmar ni a rellenar nada -en alusión al formulario diseñado por la Consejería de Empleo para actualizar sus bases de datos de afectados por los ERE y descartar la presencia de 'intrusos'-, pues no tiene ningún sentido que tengamos que volver a solicitar unas ayudas que ya están concedidas para que encima cambien las condiciones".

En este sentido, el portavoz de los prejubilados jerezanos, que acumulan ya varios meses de atrasos en el cobro de las pólizas, subrayó que "si ciertos chorizos han robado dinero público y la Junta tiene que cambiar la norma para tener un mayor control de los fondos y evitar que se repita, nos parece correcto, pero los cambios deben aplicarse de ahora en adelante y no con carácter retroactivo para los que cumplimos con los requisitos que se exigen en los anexos de la nueva norma para cobrar las ayudas", en concreto, formar parte de una asociación de extrabajadores afectados por un ERE, tener 15 años cotizados a la Seguridad Social y dos de antigüedad en la empresa, y que la póliza se limite a un máximo del 80% del salario bruto.

El delegado municipal de Fomento, Francisco Lebrero, quien propició y asistió a la reunión del miércoles con el director general de Empleo, recibió ayer a una representación de los prejubilados, a los que informó de sus intentos de contactar con responsables del Gobierno andaluz para buscar soluciones al problema. "El problema es que la Junta no paga y los prejubilados tenemos muchas cargas familiares, hijos que están en el paro y a los que tenemos que mantener", explicó Martín, quien apostilló que "encima de que no cobramos, si dejamos de pagar tres meses a la Seguridad Social nos quedamos sin nada".