TRES son las opciones principales ante el reto secesionista catalán: aceptar la secesión, mantener la Constitución y modificarla. Esta última opción, a la que sus proponentes llaman "la tercera vía", encubre a su vez dos posibilidades, que he denominado federalista y federadora, según que el cambio constitucional conduzca a algo muy parecido a la secesión o bien consista en una alteración más bien terminológica.

En Andalucía, y en otras zonas de España, hay partidarios de la tercera vía y, según ellos mismos relatan, se inspiran en dos motivos bien distintos. La reforma constitucional sería conveniente, según algunos, porque hay que respetar la voluntad de muchos catalanes de ejercer un supuesto derecho a la autodeterminación. Por ello, lo democrático sería que se incorpore a la Constitución española, sin importar que haya muchos españoles, catalanes incluidos, que prefieran que la soberanía siga residiendo en el pueblo español en su conjunto. Es una cuestión de principios y, como tal, poco propicia al debate ni a la demoscopia.

Según otros, cambiar la Constitución sería el único modo de que los secesionistas cejen en su empeño. Este punto de vista, que se pretende pragmático y conciliador, apuesta por llegar a alguna clase de acuerdo que acabase con el incesante victimismo secesionista. Albergo fundadas dudas que eso sea posible y considero más probable que emplearían las concesiones adicionales para insistir, reforzados, en sus reivindicaciones.

Sospecho que no cesarían ni siquiera aunque lograsen independizarse de España. Si fuese cierto que no dejarían de pugnar ni siquiera disponiendo de su propio Estado, esperar que se aviniesen a un pacto definitivo sin lograr la independencia sería ilusorio. No es que yo contemple la posibilidad de la secesión, sino que pretendo alertar a los terceristas de que, incluso con Estado propio, los separatistas seguirían reivindicando prebendas. Así pues, capitular por cansancio y agotamiento tampoco nos libraría de debatir y negociar con ellos.

Me baso para dar ese aviso en la tendencia a una especie de inercia política que cabe barruntar: no es fácil que unos personajes acostumbrados durante décadas a presionar desde el victimismo abandonasen de repente esas costumbres para transformarse en introvertidos ciudadanos de una nueva nación, dispuestos incluso a practicar cierto grado de autocrítica. El adversario externo de la construcción del nuevo Estado seguiría siendo previsiblemente España.

Pero no hace falta emitir conjeturas como la de la inercia política, sino que basta con estudiar las posiciones que ya defienden los secesionistas para percatarse de que seguirían demandándonos cosas después de independizarse. Mencionaré tres de esas peticiones post-secesionistas que, insisto, no me he inventado yo, sino que las formulan sus abanderados.

La primera y más conocida es que España debería favorecer que el Estado catalán quedase adscrito a la Unión Europea desde su mismo nacimiento, siendo inaceptable que vetase dicha adscripción e incluso que la retrasase algunos pocos años. Ya fuese porque el Estado catalán habría surgido como miembro de la UE, ya fuese porque la propia UE estaría muy interesada en integrarlo, dado el carácter dinámico, opulento y decididamente solidario en materia fiscal del nuevo Estado, se pide que España colabore lealmente en tan noble y desinteresado empeño. Pobres de aquellos españolitos que se atreviesen a discrepar de ese aparente derecho de los ciudadanos de la nueva nación.

La segunda ventaja, que sólo ahora empieza a divulgarse, sería la de que el Barça siguiese jugando en la Liga española. Sería necesario modificar la ley del deporte española y saltarse las normas internacionales según las cuales cada país debe tener su propia Federación y campeonato, pero los secesionistas aducen que nosotros seríamos los primeros interesados en esa solución a la carta. Puede parecer que es un asunto trivial, pero está preñado de importantes consecuencias deportivas, económicas, emocionales y simbólicas. Ya especulan con que la propia Liga del Fútbol Profesional sería la que, de forma unánime, lo pediría a los gobernantes españoles. El Barça se ha sumado a la plataforma por el derecho a la autodeterminación, pero los cesionistas dicen que eso no obstaculiza en absoluto tan generosa petición.

La tercera tesis, que sorprende por su descaro, es que los catalanes gozarían de la doble nacionalidad porque, ¡oh sorpresa!, las leyes españolas prohíben privar de la nacionalidad a los nacidos en España, cosa que era Cataluña antes de la secesión. Una consecuencia soberbia de ese innegable derecho a la doble nacionalidad es que el amputado Estado español tendría que seguir haciéndose cargo de pagar las pensiones de los felices jubilados catalanes.

El lector debe resistir la tentación de pensar que estoy delirando: todo lo dicho está en los documentos secesionistas. Y yo me pregunto: si no lograríamos descansar ni después de la secesión, ¿qué probabilidad hay de que lo logremos sin concederla?