ANUNCIADA por activa o por pasiva, la retirada de la política activa de los dos últimos presidentes de la Junta de Andalucía es un hecho al que sólo falta poner fecha y que queda al margen de la decisión que finalmente adopte el Tribunal Supremo sobre sus presuntas responsabilidades en el caso de los ERE. José Antonio Griñán lo comunicó tras su comparecencia ante el alto tribunal y su calificación del caso como "un gran fraude". Manuel Chaves, por su parte, prefiere ser él quien controle los tiempos y, en principio, no tiene previsto hacer una comunicación oficial hasta que el Supremo se pronuncie, aunque tanto la dirección federal de su partido como la andaluza tienen ya constancia de que no repetirá como diputado en la próxima legislatura. La salida de Chaves y Griñán hay que enmarcarla, lógicamente, en el proceso de investidura de Susana Díaz como presidenta de la Junta de Andalucía, que ha encontrado su principal escollo en la situación procesal de los dos ex presidentes. El hecho de que Ciudadanos, la fuerza política que ha irrumpido con nueve diputados en el Parlamento andaluz y que podría garantizar la mayoría minoritaria del PSOE, y Podemos marcaran como línea roja para negociar con Díaz la depuración de las responsabilidades políticas de los ERE ha sido determinante. Ahora no hay escollos insalvables para que se puedan sentar a hablar y terminar con una interinidad en la Administración andaluza que no conviene a nadie. Como hemos señalado en algunas ocasiones en estas páginas, Susana Díaz y su partido han cometido un error estratégico al intentar que fuera el Tribunal Supremo quien depurara por la vía penal las responsabilidades políticas de este caso. El resultado de las elecciones del 22 de marzo ha puesto de relieve la inutilidad de este empeño. Clarificada la situación, lo que procede ahora es reconocer el servicio que Chaves y Griñán prestan al final de su vida política a la estabilidad institucional de Andalucía. Ambos representan casi un cuarto de siglo de política andaluza en el más alto nivel y no se van de la vida pública en las condiciones que, con toda probabilidad, merecerían. Pero los hechos son los que son y no se puede soslayar que estuvieron al frente de la Junta mientras tenían lugar unas circunstancias que tienen escandalizados a muchos ciudadanos. El Tribunal Supremo decidirá en las próximas semanas si la conducta de los dos ex presidentes merece algún reproche penal. Pero de lo que no cabe duda es que sí lo tienen político. Lo que hay que desear ahora es que tras el gesto de ambos se pongan en marcha los mecanismos que permitan que Andalucía tenga lo antes posible un Gobierno estable.