La venta de la finca La Almoraima ha provocado una cascada de reacciones contrarias, que no han hecho sino remarcar la intención del Gobierno de continuar con el proceso de enajenación. Así, lo aseguró ayer el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, quien destacó que el sistema para la venta sigue abierto, con el objetivo de adjudicar la finca a la empresa que ofrezca "la mejor oferta".

El ministro indicó que el Gobierno tendrá en cuenta los intereses de Castellar, municipio donde se ubica el latifundio, cuyo alcalde, Juan Casanova, ya le ha trasladado "algunas peticiones" que el Ejecutivo tratará de atender.

Asimismo, avanzó la posibilidad de que haya "muchos más compradores" interesados en esta oferta. Concretamente, señaló que se están preparando los cuadernos de venta y "se seguirán todos los procedimientos para la garantía de la privatización" y para su venta "en las mejores condiciones de precio". Por ello, próximamente se expondrá el pliego de condiciones para la adquisición y entre las ofertas públicas que se presenten, "la mejor" será la adjudicataria.

Por su parte, la gerente de La Almoraima, Isabel Ugalde, confirmó el "mucho interés" que suscita la finca entre varios potenciales compradores, la mayoría extranjeros y añadió que sale a la venta en "un buen momento".

Ugalde solicitó a los partidos y colectivos que critican la privatización de este latifundio de 14.113 hectáreas, de los que más de 12.760 hectáreas se integran en el Parque Natural de Los Alcornocales, que recapaciten sobre su oposición a esta venta porque, aseguró, "no alterará nada" de sus cualidades medioambientales y sí traerá riqueza a la zona.

A este respecto, recordó que aproximadamente un 70 % del Parque Natural de Los Alcornocales está ya "en manos privadas", sujetos a las mismas normativas que la parte que pertenece a las administraciones y que también afectarán a los futuros propietarios de La Almoraima.

En su opinión, el Gobierno sí ha preparado un plan especial de usos que incluye posibilidades "perfectamente legítimas" para la construcción de un aeródromo, un hotel de cinco estrellas, un campo de polo y dos de golf, en las 1.350 hectáreas que la finca tiene fuera del Parque, unas praderas que lindan con Sotogrande.

"No hablamos de hacer disparates. Hay desarrollos urbanísticos maravillosos que se han hecho sin alterar nada", explicó la gerente. Según la gerente, el precio de partida de la finca -300 millones- confirma que el Gobierno "en ningún momento va a malvender" el paraje, que fue expropiado en 1983 a José María Ruiz Mateos, aunque sí tiene la decisión "firme" de venderla y en ningún caso de cederla a la Junta de Andalucía, a la que ofrece comprarla.

Ugalde explicó que no se puede "definir" quien va a comprar La Almoraima, aunque el perfil que se busca es el de que una sociedad o persona que, además de poder comprarla, tenga "capacidad inversora".

Ugalde, como mucha otra gente, opinó que La Almoraima "no ha tenido la mejor gestión" a lo largo de los años y subrayó que su situación financiera ha ido empeorando desde que en 1995 debido a que la producción del corcho, su principal actividad económica, ha decaído por causas naturales hasta en un 40%.

Por su parte, el PSOE e Izquierda Unida anunciaron ayer que tratarán de paralizar la subasta de la finca mediante iniciativas parlamentarias para impedir que pase a manos privadas.

Para la secretaria del PSOE de Cádiz, Irene García, los 300 millones de euros "jamás podrá compensar el enorme perjuicio que causaría a la provincia y al país el desprenderse de un patrimonio de tan alto valor medioambiental" además de tratarse de un terreno "recuperado para el pueblo por un Gobierno socialista y que ahora el PP quiere que sólo vuelvan a poder disfrutarlo unos pocos". García añadió que el ministro popular le ha puesto precio a un "paraíso" y pretende convertir el parque en "un complejo turístico asociado a la caza" por lo que registrarán una pregunta en el Congreso de los Diputados para que expliquen las condiciones de la venta.

Por su parte, la parlamentaria andaluza por Izquierda Unida, Inmaculada Nieto, considera "muy grave" que el Gobierno opte por el camino de la "especulación" y anuncia una batería de iniciativas de IU a favor de la titularidad pública de la finca.

La parlamentaria considera que se debe repercutir la riqueza de la finca en los municipios de la zona y no que vaya a para a "inversores extranjeros" lo que supone dar la espalda a numerosos colectivos ciudadanos que conforman la plataforma por una Almoraima Pública, la administración autonómica y el propio Ayuntamiento, incluido el PP de Castellar, que apuestan por el "desarrollo de proyectos de economía, agricultura y turismo sostenible".