El elevado número de expedientes y el colapso que están padeciendo las sedes judiciales de la provincia en relación a los casos relacionados con el sector laboral ha llevado a los graduados sociales a enviar a distintos organismos y administraciones una serie de peticiones.

La principal demanda que ha realizado este sector es el aumento del número de sedes judiciales de lo social y de lo mercantil en la provincia. En concreto, el Colegio Oficial que reúne a estos profesionales del mundo del Derecho ha solicitado que se dote a Cádiz capital con un cuarto juzgado de lo social, al Campo de Gibraltar con un segundo; y, al mismo tiempo, solicita también un segundo juzgado mercantil en la provincia, donde actualmente solo existe uno.

El presidente del colegio, José Blas Fernández, ha informado de que la situación en la provincia se está haciendo insostenible, a la vez que denuncia que “con la actual situación de crisis no pueden ser estos órganos los que se encuentren más saturados, por encima de otros que pertenecen a otras jurisdicciones”.

Para argumentar esta solicitud –que ya ha sido elevada formalmente al Consejo General del Poder Judicial, al Ministerio de Justicia y a la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía– el colegio se basa en una serie de datos orientativos que reflejan el nivel de saturación de los juzgados gaditanos.

En primer lugar, aseguran los Graduados Sociales que la media de expedientes que llegan a las salas de lo Social en Cádiz ya han superado los 3.000 al año, cuando la media era de algo más de 700 y cuando el propio Consejo General del Poder Judicial estima que a partir de los 650 expedientes un juzgado se considera sobrecargado.

Junto a esta cifra demoledora, también indica el colectivo que los casos de despidos están acumulando ya un retraso de ocho o nueve meses “desde que se presenta la demanda hasta que se celebra la vista”, cuando antes la media estaba entre dos y tres meses. “Para los asuntos de prestaciones de la Seguridad Social, están citando ya para 2015”, anuncia también Fernández, que señala igualmente que los casos de altas médicas (por ejemplo, cuando un trabajador recibe un alta médica con la que no está de acuerdo) “están tardando siete u ocho meses en verse”. Mayor aún  es el retraso de juicios relacionados con cantidades (pagas que se deban y casos similares), donde los juicios se están celebrando al año y medio o los dos años, según señala el colegio oficial.

Por tanto, los Graduados Sociales ven más que necesario y urgente la creación de estos dos nuevos juzgados de lo Social que vengan a completar la labor que actualmente realizan las tres salas de Cádiz capital, las tres de Jerez y la que tiene Algeciras.

De manera paralela, se solicita también la creación de un segundo juzgado de lo Mercantil, “pues el único existente en la provincia de Cádiz está saturado en un 100%, con asuntos complejos y laboriosos y donde tienen incidencia su capacidad de obrar sobre otras jurisdicciones, por lo que no pueden dormirse en el sueño de los justos concursos y quiebras que hacen inviable la posibilidad de subsistencia de los litigantes”, exponen desde el colegio de Cádiz y Ceuta.

Este colapso en lo Mercantil está afectando a los asuntos relacionados con concursos de acreedores (ya sean voluntarios o necesarios), con incidentes concursales, con expedientes de cuestiones laborales y con procesos declarativos principalmente.

Y en referencia a los retrasos, también señalan los graduados sociales que el proceso de ejecución de sentencias también se ha alargado desde los tres a cinco meses que era habitual hace unos años hasta alrededor de un año que se está contabilizando actualmente.

Como opción alternativa o provisional a esta saturación en los juzgados de la provincia, estos profesionales señalan la posibilidad de nombrar jueces de apoyo “para sacar adelante tantos pleitos pendientes”. Algo que aseguran sí ocurre en Jerez pero no en ninguno de los juzgados de Cádiz, donde atendiendo a la media de expedientes tramitados cada año es más que necesario.

Al margen de esto, también demandan los graduados sociales la especialización de los titulares de los juzgados de lo social, entendiendo el colectivo que un juez sin especialización “retrasa aún más el juzgado”. “En esta provincia existen titulares que proceden de otras jurisdicciones y pese al tiempo que llevan no dominan la complejidad de la misma”, exponen desde el colegio, que solicita este requisito de especialización “con carácter urgente para el año 2014, esperando que el nuevo Consejo General del Poder Judicial sea sensible a ello, al igual que en otras provincias”, afirman.