Tras dos años de crecimiento que llevaron a la provincia a cifras récord de interrupciones del embarazo en adolescentes, 2013 marcó una curva descendente en abortos que marcan las vidas de estas mujeres. El año pasado se practicaron en este segmento de edad (de 14 a 20 años) en la provincia 387 abortos, lo que supone un 14,2% de todos los que se realizaron en Andalucía. Hace sólo dos años, en 2011, coincidiendo con el efecto llamada de la ley de Zapatero que permitía a menores abortar sin informar a sus padres, se produjo el pico más alto de la década con 505 interrupciones. Con 690 abortos entre adolescentes, la provincia de Sevilla es la que está al frente de este problema social.

Sin embargo, aunque sea un índice no determinante, en la cifra global de abortos en la provincia, que también ha descendido y alcanza la cifra más baja desde 2008, la tasa es de un 12% con respecto a Andalucía, es decir, dos puntos más baja que la de las interrupciones entre adolescentes. En total, fueron 2.643 los abortos realizados en la provincia, casi todos en la sanidad pública, si bien la Junta en 2010 incluyó descuentos subvencionados para las jóvenes para poder abortar en clínicas privadas.

El estudio realizado por la dirección general de Planificación y Ordenación Farmacéutica incluye también otras variables para hacer más completo el rerato social del aborto en nuestra comunidad. Así, se ha conseguido que las interrupciones se produzcan antes, reduciendo los riesgos para la mujer. En diez años se ha conseguido elevar diez puntos los abortos que se realizan en las ocho primeras semanas de gestación. Un 71% de las interrupciones se realizan en este plazo, cuando en 2003 eran sólo el 61%. Agotando el plazo legal de las doce semanas se producen el 19%, cuando en 2003 eran casi el 30%. Más allá de ese plazo, cuando la interrupción está permitida por riesgos de vida para la madre o por malformaciones, se realizan un 9% de los abortos.

El nivel de formación o la situación económica de las mujeres que abortan también ha sido observado en este estudio. Por ejemplo, el mayor porcentaje de mujeres que deciden interrumpir su embarazo cuentan con un bajo nivel de estudios. Un 61% de ellas sólo logró alcanzar, como mucho, el título de la ESO, es decir, la educación obligarotia. Mujeres que tengan el bachillerato y hayan abortado son el 22% y con títulos universitarios sólo el 10%. A más formación, por tanto, mejor uso de los diferentes métodos anticonceptivos que puedan evitar un embarazo no deseado. Esto lo dicta la lógica, pero lo cierto es que en los últimos años se ha incrementado la balanza, ya que hace diez años las mujeres con estudios universitarios que abortaban era el 13%y las que tenían la educación obligatoria era un 53%. Es en este último segmento donde crecen las reincidentes, es decir, mujeres que ya han abortado. Han pasado en diez años de ser un 8,2% a alcanzar el 13% en el último año.

A las mujeres que acuden a los centros públicos para interrumpir el embarazo se les pregunta qué método anticonceptivo utilizan habitualmente. En un 41% de los casos contestan que usan métodos barrera, es decir, condones (en la mayor parte de los casos), diafragmas o espermicidas. El fallo de algunos de ellos, algo infrecuente, o su no uso en una determinada ocasión está detrás de la mayor parte de los embarazos no deseados.

En cuanto a su situación familiar, en un 41% de los casos, siete puntos menos que hace una década, la mujer no ha tenido hijos con anterioridad. Crece el número de andaluzas que decide no tener el hijo cuando ya tiene uno (27%) o dos (21%), aduciendo en muchos casos motivos económicos derivados de la crisis. En el 54% de los casos la mujer carece de ingresos propios y en el 51% no tiene una pareja estable.

Todos estos índices variarán notablemente si, tal y como prevé el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, la nueva ley del aborto, mucho más restrictiva, es aprobada, ya que se elimina el criterio de plazos para que una interrupción del embarazo sea legal. La nueva ley admite la interrupción en casos que puedan suponer un riesgo para la salud física o psíquica de la madre y, a última hora, se aceptó la posibilidad de las malformaciones del feto. Esto supone que muy pocos de los 387 abortos realizados en Cádiz en 2013 habrían sido legales en 2015, ya que en el 91% de los casos el motivo de la interrupción fue la petición de la mujer, es decir, su deseo de no tener el hijo, mientras que sólo un 5,6% fue por grave riesgo para para la salud de la embarazada y un 3% por anomalías graves del feto. Para muchos movimientos contrarios a esta nueva ley nos vamos a encontrar otra vez con el 'turismo abortivo'.