La comisión técnica que analiza la negociación colectiva en la provincia Cádiz se ha reunido por primera vez en 2015, que se plantea como un año "denso" en cuanto a convenios, al estar abiertos 24 convenios sectoriales provinciales que afectan a 12.166 empresas gaditanas y a 90.220 trabajadores.

En una nota de prensa, la Junta indicó que este año incluirá negociaciones para el comercio textil y convenio del metal, entre otros. El reciente acuerdo estatal logrado para la construcción (+0,6% salarial) aumenta la probabilidad de que se logre un próximo texto provincial para esta actividad.

La Junta explicó que el estudio de la negociación colectiva en cuanto a convenios colectivos sectoriales en la provincia de Cádiz se realiza a través de una comisión técnica provincial, que está integrada por la Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz (CEC); CCOO-Cádiz; UGT-Cádiz y el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL), entidad vinculada a la Consejería de Economía. En este marco, el pasado martes se celebró la primera reunión del año de esta mesa que contó, además, con la presencia del delegado territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Manuel Miranda, para conocer "de primera mano" por parte de los agentes implicados la situación actual de los convenios en la provincia gaditana.

Entre las negociaciones de los 24 convenios sectoriales provinciales, la Junta destacó los textos de comercio textil y comercio del metal, ya que el ámbito 'comercio' engloba más tipos, pero se entiende que metal y textil pueden "marcar la pauta" que se seguirá en las siguientes especialidades comerciales. Además de estos, en la provincia gaditana se negociarán durante el presente año los convenios de transportes regulares y transportes urbanos, clínicas y hospitales, hostelería, limpieza de edificios y locales, obradores de pastelería, panaderías, tapones y discos de corcho, vid, viticultura, pompas fúnebres, y oficinas y despachos.

Según se analizó en la comisión técnica de negociación colectiva, mención aparte merece el convenio de la construcción, que podría cerrarse próximamente puesto que ya se ha llegado a un acuerdo estatal para el incremento salarial de este sector fijado en el 0,6%. Actualmente, indicó la Junta, el convenio de la construcción no estaba vigente en la provincia gaditana, si bien sí que existía un calendario para su próxima negociación. El acuerdo en este convenio puede acelerar, a su vez, el cierre de los convenios de las industrias de la madera y derivados del cemento.

Desde la comisión también se puntualizó que, en términos generales, no se están dando en la actualidad "especiales dificultades" en la negociación, dado que la totalidad de los convenios "están en prórroga o ultraactividad, lo que amortigua la conflictividad por la seguridad de mantenerse reguladas las condiciones laborales".

Asimismo, se han repasado los descuelgues o inaplicaciones de convenios producidos durante este periodo, poniéndose de manifiesto que "los sectores donde se han dado un mayor número de descuelgues han sido el comercio del metal y hostelería, protagonizados por algunas pymes".

Sobre la ultraactividad, la Junta llamó a tener en cuenta que, tras la última reforma laboral, "los convenios pierden su vigencia al año de ser denunciados en caso de no haberse llegado a acuerdo para uno nuevo, pasando a regularse las condiciones de trabajo por el convenio superior (autonómico o estatal) si lo hubiere. Esta previsión no actúa si el propio convenio establece que permanece en vigor mientras no se acuerde el que lo sustituya. Es lo que se conoce como ultraactividad indefinida".

La propia comisión técnica para el seguimiento de la Negociación Colectiva en Cádiz definió el pasado año 2014 como "tranquilo" en esta materia para la provincia. Durante el último año cerrado se firmaron seis nuevos convenios colectivos sectoriales en la provincia gaditana que afectan a 2.800 trabajadores y a 319 empresas.

En todos ellos, la negociación se desarrolló "con normalidad", habiéndose llegado a acuerdo entre los interlocutores sociales sin que fuera necesaria para ello la intervención del Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla).