Habrá que seguir esperando. Así puede resumirse la reunión celebrada ayer en Cádiz del tan esperado Consejo para el Desarrollo Económico y Social de la provincia, en el que se trató de forma monográfica el estado actual del proyecto de Las Aletas, tras la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que anula el acuerdo del Consejo de Ministros para su puesta en marcha.

Sí fue palpable la convicción del Gobierno central y de la Junta, expresada en palabras del vicepresidente del Consorcio de Las Aletas y consejero de Empleo, Antonio Fernández, de que el Supremo corregirá su decisión. En ese sentido, aseguró que "no queremos pelearnos con el Supremo ni que el Supremo se pelee con nosotros; está en juego el interés general de la provincia de Cádiz, que se verá privada de un enclave industrial que nunca vendrá de no existir el parque de Las Aletas".

La única novedad conocida ayer fue que aún no hay plazo para que la Abogacía del Estado finalice su informe, vital para que el Gobierno intente convencer al Supremo de que su sentencia, que da la razón a las tesis ecologistas de WWF-Adena, estaba equivocada. Antonio Fernández lo dijo muy claro: "Entendemos que la sociedad necesite respuestas para ayer, pero nosotros preferimos dar esa respuesta pasado mañana pero con fundamento".

El hecho es que la reunión, de más de dos horas de duración, congregó al fin (tras su primer aplazamiento) a representantes de la administración pública (Diputación, Ayuntamiento de Puerto Real y Consorcio), agentes económicos y sociales de la provincia en torno a tres cuestiones, los tres problemas planteados por el Supremo: la idoneidad del lugar elegido para crear el polígono, el valor medioambiental de los terrenos y, por último, la reversión de los suelos a su estado original.

Sobre el primero, Fernández fue contundente: "El suelo de Las Aletas el único sitio posible para instalar este parque; el TS tendrá que reconocer que es el único territorio de la provincia con los elementos de infraestructuras y localización y que no hay ningún otro suelo posible". Hasta el punto de que, como añadió, hay una serie de empresas "inocuas" para los valores medioambientales "teóricamente existentes en la zona", negocios que se irán de no salir adelante el proyecto en esa localización.

Sobre los valores medioambiental del suelo, el portavoz del Consorcio de Las Aletas dijo, literalmente, que "personalmente no consigo encontrarlos", para añadir a continuación que se trata de una superficie que "todo el mundo considera degradada desde hace años". La única importancia medioambiental que tendrá esta zona vendrá de la mano, según dijo, del desarrollo del proyecto ya que, en palabras de Fernández, "Las Aletas incorpora la recuperación de unos valores que los terrenos no tienen en estos momentos, con más de 70.000 arbustos previstos, más de 1.000 árboles, la recuperación de las vías pecuarias, un carril bici o la recuperación de todos los caños".

Por último, Fernández se refirió al tercer asunto que el TS consideró "insuficientemente justificado", como es el tiempo por el que hay que delimitar la concesión del dominio público marítimo terrestre. Dijo que se aceptará y "se irá al tiempo máximo" que permite la Ley. Eso sí, reconoció, no sin cierta ironía, que "garantizamos la reversibilidad y, por tanto, la incoherencia, de que dentro de 70 años se puedan volver a poner los terrenos tan degradados como hoy".

Otro aspecto que llamó la atención fue la confirmación, por parte de Fernández, de que la sentencia del TS sí anula el acuerdo del Consejo de Ministros. Matizó que "esa sentencia tiene un fundamento técnico-jurídico basado en un exhaustivo informe de la Abogacía del Estado, que como tal es revisable". Esta declaración choca de lleno con las últimas palabras pronunciadas al respecto en Cádiz por el consejero de Gobernación, Luis Pizarro, cuando dijo que "el Supremo no anula la resolución del Consejo de Ministros, sino que detecta defectos de forma que habrá que subsanar; la sentencia dice que hay una serie de cuestiones que no están suficientemente claras".