Los planes de ETA para atentar en la pedanía barbateña de Zahara de los Atunes, han puesto de manifiesto la precaria situación que reúne un destacado número de casas cuarteles de la Guardia Civil de toda España. Si el jueves los propios afectados advertían de esta situación a través de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), ayer fue el eurodiputado Carlos Iturgaiz, que visitó las ciudades gaditanas de San Fernando y Barbate, el que tras conocer la última tentativa de la banda terrorista se hizo eco de la falta de seguridad de la que adolecen numerosas instalaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, especialmente las casas cuarteles de la Guardia Civil.

Iturgaiz, que ocupó la presidencia del Partido Popular del País Vasco entre 1996 y 2004 coincidiendo con una de las etapas más activas de la banda terrorista, pidió ayer en La Isla al Ministerio del Interior que tomara medidas para solucionar estas carencias. "No conozco la casa cuartel de la Guardia Civil en Zahara de los Atunes, pero sí muchas otras de toda España que son auténticas ratoneras, son verdaderos objetivos porque no tienen medidas de seguridad", afirmó.

"Hay que hacer un esfuerzo para que las casas cuarteles dejen de ser un objetivo de ETA", manifestó el eurodiputado, que aseguró que el Gobierno central encontrará todo el apoyo del PP en este sentido.

"ETA tiene planos de las casas cuarteles de la Guardia Civil porque se lo ponemos fácil muchas veces, tenemos que reforzar las medidas de seguridad en estas dependencias y hacer todo lo posible, cueste lo que cueste, para que los guardias civiles puedan vivir tranquilos con sus familias y sucesos como el de Palma de Mallorca no se repitan", reclamó. "Hay casos de casas cuarteles repartidos por la geografía española que son sangrantes, que no reúnen las condiciones de seguridad que deben primar en este tipo de instalaciones", apostilló.

El eurodiputado del PP y vicepresidente de la comisión de peticiones del Parlamento europeo, por otro lado, se reunió ayer en las instalaciones de la empresa Cupimar en San Fernando con empresarios acuícolas y salineros cuyas propiedades están afectadas por la Ley de Costas y que reclaman en Europa una solución este problema.

Se trata de propuestas que el vicepresidente de Cupimar, Lázaro Rosa, tildó de "un llamamiento al sentido común" habida cuenta de la precaria situación económica de la Bahía y la provincia. "La aplicación de la Ley de Costas intenta desposeernos de todas nuestras propiedades y eso ha significado que todos los proyectos e ideas que teníamos para desarrollar actividad en la zona se han paralizado y se han abandonado", afirmó.

Para el parlamentario del PP Aurelio Sánchez, que acompañó a Iturgáiz en su visita a Cádiz, se trata de una evidente "situación inconstitucional". "Se trata de recuperar la propiedad que se les confisca en aplicación de la Ley de Costas con carácter retroactivo, creemos que es algo exento de toda legalidad y por eso recurrimos al Parlamento europeo".

El eurodiputado Iturgáiz, por su parte, escuchó las demandas del sector acuícola y mostró su compromiso para trasladarlas al debate europeo a través de la comisión de petición, órgano que este año va a analizar en su globalidad la Ley de Costas española, según anunció ayer. "Les he animado a que trasladen sus peticiones a través de la comisión lo antes posible para que puedan ser estudiadas".

La ruta de Iturgáiz y el PP por Cádiz continuó con un segundo encuentro que mantuvo posteriormente en Barbate con los representantes del sector pesquero y de las almadrabas. Dos cuestiones que preocupan enormemente a los populares -según manifestó Aurelio Sánchez- llevaron al eurodiputado hasta esta población gaditana: la primera, la situación de la flota pesquera ante los paros biológicos y, la segunda, el incierto futuro de las almadrabas.