El comandante y portavoz de la Guardia Civil, Luis Martín Velasco, indicó ayer que “hemos abierto la caja de Pandora y vamos a seguir luchando contra el fraude. A partir de ahora, y gracias a  la colaboración de las instituciones y administraciones (Seguridad Social, Inem, Inspección de Trabajo...) nos va  a ser más fácil detectar empresas fantasmas como las que hemos encontrado”.

El responsable de la Tesorería General de la Seguridad Social, Miguel López Aranda, se encargó de dar los datos concretos. Según aseguró, han sido anuladas cinco empresas, procediéndose igualmente a la anulación de 261 altas a la Seguridad Social de otros tantos falsos trabajadores. López Aranda cifró la deuda originada por la trama desarticulada a la Tesorería en 333.000 euros,  dentro de una cifra global superior a 5 millones. “El Inem tiene que concretar qué cantidades se le han defraudado. Cualificar individualmente el fraude será un trabajo gravoso, pero no cabe duda de que se hará”, apostilló.

 López, aunque reconoció que la operación ‘Picones’ no ha tenido parangón con otras realizadas en España por el elevadísimo número de imputaciones, destacó que “estos casos saltan de una provincia a otra. Los cabecillas de estas tramas son muy conocedores de su ‘negocio’, saben cómo operar... Las empresas duran poco tiempo, las altas y bajas se van dando progresivamente para no levantar sospechas...” Entre los encartados en las diligencias de la Guardia Civil no hay ni un solo funcionario de los organismos que han colaborado para desarrollar el operativo, indicaron ayer sus responsables.

Los perceptores irregulares de estos subsidios y ‘paguitas’ tendrán que afrontar por un lado sus posibles responsabilidades penales y, por otro, devolver el dinero percibido a las administraciones competentes, explicó el subdelegado del Gobierno, Javier de Torre.

El subdelegado  enmarcó esta operación, cuyas pesquisas arrancaron hace un año,  dentro de los Planes de Lucha contra el Fraude que el Gobierno aprobó el pasado  abril porque “nadie se puede aprovechar de los fondos públicos. Hay muchas personas que sí tienen derecho a percibir esas prestaciones y tenemos que velar porque se cumpla la legalidad”.