Durante el pasado año se registraron en la provincia 134 agresiones (28 físicas y 106 verbales) a personal sanitario, según el registro de la Consejería de Salud en el que se notifican estos casos, aunque los sindicatos ya advierten que estas cifras son sólo una parte de un problema mucho más frecuente, teniendo en cuenta que no siempre los profesionales deciden denunciar cuando son víctimas de un episodio de carácter violento por parte de un usuario. Tanto en lo que se refiere al total registrado como a los datos de agresiones físicas y no físicas, la provincia se sitúa por detrás de Sevilla, Málaga y Córdoba. En el último mes de 2016, se registraron en toda Andalucía 71 agresiones, de las que 19 fueron físicas, lo que supone que alrededor del 27% de las mismas conlleva algún tipo de contacto físico contra el profesional, como un empujón, patadas o puñetazos. De esas 19, tres se produjeron en la provincia: una en el centro de especialidades de Villamartín, una en el hospital de Puerto Real y la tercera en el hospital de Jerez.

Hace unas semanas, el Sindicato Médico volvió a denunciar una nueva agresión a un facultativo en el centro de salud de La Serrana, donde han sido ya varios los episodios violentos que han tenido que vivir sus profesionales. El Servicio Andaluz de Salud (SAS) acabó cediendo a la presión de los trabajadores y contrató seguridad privada para unas instalaciones donde ha quedado demostrada cierta conflictividad. Desde la Consejería de Salud afirman que "el ámbito sanitario no es ajeno a la violencia instalada en la sociedad actual. Es un problema que preocupa a las administraciones sanitarias, los colegios profesionales, los representantes sindicales, los trabajadores de salud y la propia ciudadanía que acude a los centros asistenciales; de ahí que sea necesario ir de la mano con el objetivo de combatirla y erradicarla desde la sensibilización, la prevención, la formación y la propia condena".

El SAS asegura que la prevención de las agresiones a los profesionales durante la prestación de la asistencia sanitaria ha sido siempre "una prioridad" y defiende las medidas que se han adoptado para combatir estas agresiones. En primer lugar, menciona que Andalucía fue la primera comunidad en España en poner en marcha en 2005 el Plan de Prevención y Atención de Agresiones, "una completa batería de medidas que contó con el consenso de las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad y el apoyo de las organizaciones colegiales y las asociaciones de consumidores y usuarios, además de estar en sintonía con las directrices establecidas por la Organización Internacional del Trabajo y la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo".

Una de las líneas de este plan es la adopción de medidas de seguridad en las instalaciones sanitarias "que posibiliten un ambiente de confianza para profesionales y usuarios". Entre las medidas con las que cuentan los centros sanitarios de la provincia están 1.237 unidades de software antipánico, 247 teléfonos directos con seguridad, 253 salidas alternativas, 191 videocámaras de vigilancia en espacios abiertos, preservando la intimidad en todo momento de los pacientes y profesionales o 341 timbres antipánico en consultas. Los sindicatos consideran fundamental que las consultas estén intercomunicadas, de forma que el profesional víctima de una agresión pueda abandonar la consulta por otra puerta si el agresor se interpone en su salida, pero en los centros con más antigüedad esta medida se antoja menos factible por lo que supondría de obras de remodelación.

De otro lado, el Plan establece la creación de un registro en el que se notifican los casos relacionados con las posibles agresiones y que, según el SAS, está permitiendo elaborar un mapa de riesgo sobre centros, servicios y horarios, así como conocer el perfil de la persona agredida.

Dentro de las líneas de este plan existe un protocolo de actuación que se activa ante la notificación de una agresión en un centro sanitario y que incluye la asesoría jurídica al personal agredido por parte de los servicios jurídicos del SAS, el apoyo psicológico si lo estima conveniente y la posibilidad de favorecer su traslado a otro centro si también lo solicita.

El SAS mantiene que junto a todas estas medidas, se han realizado numerosas campañas de sensibilización dirigidas a los ciudadanos para darles a conocer el trabajo que realizan los profesionales. "De hecho, las encuestas de satisfacción que se realizan a los millones de usuarios que reciben asistencia cada año en los centros sanitarios ponen de manifiesto el alto grado de satisfacción que tiene el ciudadano con los mismos, dándoles sobresaliente a todos, tanto al médico de familia como al especialista hospitalario, el personal enfermero o el cuerpo de celadores".

Sindicatos y Consejería de Salud coinciden en la tolerancia cero frente a las agresiones. "Condenamos cualquier acto violento contra los profesionales de la sanidad andaluza y se seguirá trabajando para luchar contra estos actos injustificados e inaceptables", sostienen desde la Administración sanitaria.