Los jerezanos presentaron un total de 82 quejas ante el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, según se especifica en el informe anual correspondiente a 2007. La ciudad fue la cuarta de la provincia en número de reclamaciones ante esta alta instancia administrativa, por detrás de Algeciras, El Puerto y Cádiz, ciudades que presentaron 135, 108 y 98 quejas respectivamente.

En datos globales, los vecinos de la provincia presentaron ante el departamento que preside desde hace tres mandatos José Chamizo un total de 760 quejas, las cuales se centraron, en su inmensa mayoría, en deficiencias relacionadas con los servicios de Educación y de Salud, que recibieron 89 y 81 quejas respectivamente por parte de los ciudadanos, mientras que los sectores que menos demandas de ayuda experimentaron fueron concretamente la agricultura, la cultura y los deportes, con tres cada uno de ellos.

Volviendo a la ciudad, cabe señalar que las quejas de los jerezanos ante el Defensor andaluz son de lo más variadas y algunas, además, realmente curiosas. Así, por ejemplo, un vecino de Guadalcacín no dudó en elevar una queja a la oficina del Defensor para denunciar que pese a pagar los impuestos del vado de un garaje de su propiedad no podía acceder a la cochera cuando otros vehículos aparcaban frente a ella "ya que la calle es demasiado estrecha", refirió en su exposición de motivos. El ciudadano denunció el caso a la Policía Local y al alcalde pedáneo, que le mandó al Ayuntamiento de Jerez como autoridad competente a este respecto. En la Delegación de Movilidad y Seguridad le contestaron que "los conflictos que se generaban sobre la concesión de licencias correspondían al alcalde pedáneo".

La oficina del Defensor contactó con el alcalde pedáneo, quien les reiteró que él carecía de competencias en materia de circulación, aunque entendía que el problema radicaba tanto en la estrechez de la calle, como en el hecho de que dicho problema de por sí se agravaba porque enfrente del garaje del demandante existía otra cochera también con vado. Finalmente, tras un análisis legal, el Defensor del Pueblo y su equipo llegaron a la conclusión de que el vado era competencia de la pedanía de Guadalcacín y recomendó al alcalde pedáneo que hiciera lo posible por solucionar dicho problema. La solicitud obtuvo rápida respuesta pues el alcalde ordenó pintar de amarillo los bordillos para dejar más espacio al vecino para maniobrar.

Otra queja admitida a trámite en el referido servicio fue presentada por una procuradora jerezana. Esta profesional se quejó de la total inaccesibilidad para personas discapacitadas que padece el edificio de los Juzgados de García Figueras. Concretamente manifestaba que, siendo procuradora y encontrándose impedida, los Juzgados carecen de rampa de acceso o ascensores lo que dificultaba enormemente su trabajo. La oficina del Defensor contactó con la Secretaría General para la Modernización de la Justicia. Fue a los cuatro meses, cuando el viceconsejero de Justicia comunicó que, aunque la estructura del edificio dificultaba la solución y ésta además era especialmente cara, se habían encargado cuatro plataformas elevadoras.

Otro caso analizado por el Defensor del Pueblo Andaluz fue una queja presentada por la asociación de vecinos de La Asunción a través del Defensor del Ciudadano de Jerez, que era por entonces Agustín García Lázaro. Los vecinos se quejaban de un problema relacionado con las dificultades en la recepción de las distintas señales de TV. Al parecer, el problema se debía a una serie de bloques de pisos que actuaban como "pantalla" e impedían la recepción de la señal. El Ayuntamiento logró que Retevisión (responsable de difundir las señales) contestase. Dijo que era necesario colocar en la cubierta de uno de los edificios que hacen de pantalla un equipo radioeléctrico para subsanar las anomalías. Las condiciones, tanto técnicas como económicas, no podían ser asumidas por los vecinos de La Asunción. Al ser la cobertura televisiva en el territorio español competencia exclusiva del Estado, tanto Defensor como Ayuntamiento realizaron gestiones ante el Ministerio de Industria para encontrar soluciones. Como el Ayuntamiento no podía asumir el coste, finalmente se propuso la redacción de un convenio con Retevisión, Ayuntamiento, Diputación y cadenas que permitiera sufragar los gastos del repetidor.