Años después de la regularización catastral que emprendió la Dirección General del Catastro, a nivel nacional - excepto en el País Vasco y Navarra- y que en Jerez se realizó en 2015, el Ayuntamiento sigue aún resolviendo liquidaciones del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), uno de los que se ve directamente afectado por la modificación del valor catastral de un inmueble. En estas notificaciones, el Ayuntamiento reclama a los propietarios la diferencia entre lo ya pagado y la cantidad resultante al aplicar en el IBI la actualización del valor catastral correspondiente a un máximo de cuatro ejercicios anteriores a la fecha de la alteración detectada. Hay que tener en cuenta que aunque los nuevos valores catastrales tienen carácter retroactivo desde enero de 2008, los años anteriores a esos cuatro se dan como prescritos.

La actualización, que supone un incremento del valor catastral del inmueble, tuvo efecto en el padrón fiscal del IBI, tanto urbano como rústico, de 2016 y según el Ayuntamiento, durante 2016 y 2017 se han realizado las liquidaciones del impuesto procedentes de este procedimiento, regularizando los años que procedían en cada caso, dependiendo de la fecha de la alteración catastral observada en la inspección. No obstante, hay contribuyentes que han recibido las liquidaciones de esos cuatro años en este primer mes de 2018. Desde el Consistorio agregan que también a lo largo de estos dos años se han ido recibiendo resoluciones del Catastro, órgano dependiente del Ministerio de Hacienda, como consecuencia de recursos interpuestos por los propietarios, por las que se modifican los resultados iniciales, debiendo volver a realizar las liquidaciones de IBI correspondientes.

Una quinta parte de las alteraciones detectadas en los inmuebles correspondía a piscinas

El procedimiento de regularización catastral tiene como finalidad la incorporación al Catastro Inmobiliario de los bienes inmuebles urbanos y rústicos con construcción, así como de las alteraciones de sus características, en supuestos de incumplimiento de la obligación de declarar de forma completa y correcta las circunstancias determinantes de un alta o modificación catastral. El objetivo, según el Catastro, es garantizar la adecuada concordancia de la descripción catastral de los bienes inmuebles con la realidad inmobiliaria.

La iniciación del procedimiento, que es de oficio, se comunicó en su día a los interesados para que pudiesen realizar las alegaciones que estimasen oportunas. El Ayuntamiento recuerda que la regularización excluye la aplicación de las sanciones que se hubieran podido exigir por el procedimiento de inspección, pero está sujeto a la tasa de regularización catastral, cuya cuantía es de 60 euros por cada uno de los inmuebles objeto de regularización.

En el caso de Jerez, de un total de 134.750 inmuebles, de los que 125.545 son urbanos y 9.205, rústicos, se regularizaron 3.351, alrededor del 2,5%. De ellos, 2.693 eran urbanos y 658 rústicos. Según el Ayuntamiento, el porcentaje de inmuebles urbanos regularizados en nuestro municipio es bastante inferior a la media provincial, nacional y autonómica, "es decir, el número de inmuebles urbanos en los que se han detectado diferencias entre lo declarado y lo real es menor a dichas medias, fruto entre otras cosas, del trabajo realizado por el Ayuntamiento durante años en la ejecución del convenio de colaboración que mantienen las dos Administraciones".

En cuanto a las alteraciones detectadas, los porcentajes son bastantes similares: en un 22,20% de los casos se trataba de nuevas construcciones; un 28,79% correspondía a ampliaciones y rehabilitaciones no declaradas; el 28,82% se refería a reformas y cambios de uso y un porcentaje nada desdeñable, el 20,18%, por la construcción de piscinas.