i congreso de la abogacía gaditana | segunda y última jornada

"Cádiz es la segunda provincia de España en construcciones ilegales"

  • Manuel Estrella, presidente de la Audiencia, asegura que los delitos urbanísticos vienen de la mano de "la corrupción y la permisividad"

José Manuel Jareño, decano emérito del Colegio de Abogados de Cádiz, Manuel Estrella, presidente de la Audiencia Provincial, y Ana Gámez, vocal de Aja . José Manuel Jareño, decano emérito del Colegio de Abogados de Cádiz, Manuel Estrella, presidente de la Audiencia Provincial, y Ana Gámez, vocal de Aja .

José Manuel Jareño, decano emérito del Colegio de Abogados de Cádiz, Manuel Estrella, presidente de la Audiencia Provincial, y Ana Gámez, vocal de Aja . / lourdes de vicente

Decía ayer Manuel Estrella, presidente de la Audiencia Provincial de Cádiz, durante su intervención en el I Congreso de la Abogacía Gaditana esa frase "tan española de que aquí no pasa nada", en alusión a aquellos que levantan edificaciones ilegales donde bien les parece, obviando cualquier norma urbanística y haciendo caso omiso a los requisitos legales para erigirla.

Pero sí que pasa, sí que hay consecuencias penales para los que deciden construir ilegalmente en terrenos no urbanizables. La más "trágica", señalaba Estrella, "es la demolición, pero más trágico aún es que quien tenía que haberlo evitado, haya hecho justo lo contrario, permitirlo".

"El político no hace frente a las aberraciones urbanísticas porque es impopular"

Manuel Estrella dio así su correspondiente tirón de orejas a los ayuntamientos. "El político no hace frente a las aberraciones urbanísticas de los particulares ni a los derribos porque es impopular y, en vísperas de elecciones, el legislador prefiere pasarle la pelota a la Justicia".

El presidente de la Audiencia gaditana entiende que los consistorios "deben ser responsables" a la hora de acometer las demoliciones de edificaciones ilegales, "y si no quieren serlo, que devuelvan las competencias en materia urbanística". Estrella lanzó entonces una pregunta al auditorio: "¿Es bueno que el urbanismo esté en manos de los ayuntamientos?". Bajo su punta de vista, no. "Lo que destroza el urbanismo es la especulación, la corrupción y la permisividad del legislador de turno. Los promotores son muy listos y son capaces de influir en los funcionarios técnicos de los ayuntamientos e incluso en los mismos gobernantes". De ahí que el presidente del tribunal gaditano abogue por "desposeer" a los gobiernos locales y trasladar las competencias urbanísticas a otro organismo "que cuanto más lejos esté del pueblo en cuestión, mejor".

Los delitos urbanísticos son "complejos" al mismo tiempo que "mueven mucho dinero". Son "delitos de cuello blanco". Respecto a este tipo de infracciones, la provincia de Cádiz "ostenta un dudoso récord nacional: es la segunda provincia de España en construcciones ilegales, sólo superada por Almería", señaló el magistrado, que también especificó que Chipiona y Chiclana son los municipios gaditanos que mayor número de viviendas ilegales aglutinan.

Durante el desarrollo de su ponencia, Manuel Estrella fue desglosando el perfil del constructor ilegal gaditano. Se trata de una persona que decide levantar "con sus propias manos" y/o "con la ayuda de algún familiar" una casa "al igual que lo hicieran sus padres, sus abuelos..." tiempo atrás; asume la sanción económica que le puedan imponer por la edificación ilegal "como un gasto más de la misma (qué le suponen 2.000 ó 3.000 euros más)"; en la mayoría de los casos, "hablamos de una segunda vivienda de ocio, no de uso residencial", por lo tanto, "no es un bien de primera necesidad", de ahí que Estrella se refiriese a los propietarios como "particulares no marginales".

Respecto a las órdenes de derribo, el presidente de la Audiencia recordó que la demolición no está contemplada para los núcleos urbanos consolidados -en cuyo caso se deja sin efecto por ser una sanción "desproporcionada"- pero sí para los diseminados y edificaciones irregulares aisladas. En estos supuestos, enfatizó, el derribo "no prescribe nunca".

El I Congreso de la Abogacía Gaditana contó ayer con la presencia de otros reconocidos ponentes, entre los que destacó el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata. En su conferencia, el magistrado se refirió al derecho de los detenidos para acceder a las actuaciones y conocer las razones de su arresto, tal y como ha establecido el Tribunal Constitucional. Así, De la Mata explicó que todos los abogados (de oficio o de libre designación) que asistan a detenidos tienen derecho a recibir por escrito, al igual que sus clientes, la información suficiente sobre los elementos probatorios que, según los agentes policiales, les vinculan a los hechos supuestamente delictivos.

A partir de esta petición, indicó De la Mata, los agentes deben informar al arrestado por escrito, de forma inmediata y comprensible no sólo de sus derechos, sino también de los hechos que se le atribuyen y de las razones objetivas sobre las que se apoya su privación de libertad. Es más, cuando el detenido lo solicite, tienen también que proporcionarle acceso a aquellos documentos en los que se apoye materialmente la decisión cautelar.

De la Mata subrayó que la Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial procederá a actualizar los manuales operativos de la Policía Nacional a fin de garantizar la aplicación de la sentencia del TC, pero mientras tanto los letrados deben pedir expresamente el cumplimiento de este derecho, haciendo constar su incumplimiento en el atestado en caso de negativa policial.

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios