La Subdelegación del Gobierno en Cádiz elevó ayer el listón del pulso que mantiene con el Ayuntamiento gaditano por el izado de la bandera republicana ante las Puertas de Tierra en el marco de la celebración de las II Jornadas por la Memoria y pasó de las amenazas a los hechos. La Delegación del Gobierno en Andalucía presentó a instancias de la Subdelegación un recurso en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo al considerar que no se ajusta a derecho, por lo que reclamó la retirada de la enseña como medida cautelarísima.

La solicitud, que fue anunciada a través de un comunicado, volvió a chocar con la postura del equipo de Gobierno municipal, que se mantendrá firme en su decisión de seguir con los actos organizados en torno a la proclamación de la II República. El objetivo, según el concejal de Memoria Democrática, Martín Vila, no es otro que "la reparación a las víctimas del golpe de Estado de 1936".

A pesar de que el propio Vila aseguró ayer que el Ayuntamiento tiene la seguridad de no estar incumpliendo la ley, la Delegación del Gobierno andaluz sostiene lo contrario, ya que considera que "vulnera el principio de neutralidad y objetividad que debe regir la actividad de las administraciones públicas" en función de lo que marcan los artículos 103 de la Constitución y 6.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, que son los que establecen los símbolos que pueden usar las instituciones públicas.

Asimismo, desde la Administración, con este mismo argumento, también entiende que no se cumple el artículo 1.3 de la Constitución al "reflejar una determinada ideología" con la citada bandera al poder contemplarse ante el monumento que sirve de acceso al centro de la ciudad. Dos posturas encontradas ante las que la Justicia tendrá que tomar una decisión.