El gobierno provincial alertó ayer de la subida, a 143 días, de su periodo medio de pago a proveedores, "muy por encima de los 30 que ha venido manteniendo la actual corporación". El diputado del área de Servicios Económicos y responsable de Hacienda y Recaudación, Jesús Solís, afirmó que eso no significa que tarden cinco meses en pagar a las empresas pero que este dato numérico les deja en una situación "bastante compleja", dado que es un dato que "la propia ley de morosidad nos hace cumplir para cualquier acción que queramos llevar a cabo", indicó.

La polémica llegó tras explicar la causa que ha motivado este aumento. "Nos hemos encontrado con dos o tres cajas de facturas ni siquiera conformadas, que acumulan casi un millón y medio de euros", aseguró Solís. Según dijo, son cientos de facturas que no pagó el anterior equipo de gobierno del Partido Popular a cinco empresas proveedoras del Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria y de otras asistencias técnicas.

Estos impagos no estaban conformados y ahora al contabilizarsuben la media, explicó, adelantando el responsable socialista, que están buscando soluciones para su pago y evitar que estas empresas acudan a los juzgados, con los consiguientes costes que supondría. "Sencillamente no se pagaron porque se les exigió que bajaran de palabra en un 10% el precio del contrato, sin ningún procedimiento administrativo, ni pasar por el pleno, por lo que se vinieron acumulando facturas por el resto de ese diez por ciento que las empresas iban presentando, puesto que en ningún sitio del contrato de sus servicios hablaba de esa bajada de esos precios", manifestó.

El Partido Popular no tardó en contestar. "Del pasado mandato no hay ni una sola factura escondida, ni una sola caja con facturas sin consignar, porque no somos el PSOE", aseveró José Loaiza, portavoz del grupo popular. "Solís hace referencia a un caso conocido por los responsables técnicos y políticos de Recaudación, tanto en el anterior mandato como en éste, y se trata de un asunto meramente técnico que debe resolverse en el ámbito administrativo, el ajuste de un contrato y diferencias entre empresas y administración por el coste a la baja del servicio prestado", indicó. Además, criticó a Solís por no informarle de nada, "pese a haber compartido mesa minutos antes de montar el espectáculo ante los medios".

Solís lamentó la situación "compleja" que han creado estos impagos sin consignar, pero confía en que sea algo "coyuntural" . El diputado dijo que se buscarán soluciones "por la propia sanidad de la Diputación, que pasa por un buen momento económico", insistió, con bajada de la deuda, con superávit o ingresos superiores a los de 2016 en el servicio Provincial de Recaudación.