La intención de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) de comprar los más de 260.000 metros cuadrados de la antigua fábrica de Delphi mata varios pájaros de un tiro. Por una parte, de la propia administración portuaria que, visto el crecimiento del tráfico que cada día llega al Bajo de la Cabezuela y sus limitaciones en el futuro, había depositado en el proyecto de Las Aletas buena parte de sus esperanzas de expansión. Visto el devenir judicial de este proyecto, el puerto de Cádiz ha lanzado el órdago.

También le viene al dedo a la propia Junta de Andalucía, afectada tanto por el pasado, presente y futuro de Delphi, como de Las Aletas. En su día, el propio vicepresidente, Manuel Jiménez Barrios, solicitó al Gobierno que aceptase la propuesta andaluza de que Las Aletas se hiciera con estos suelos de Delphi, vinculando de paso los mecanismos fiscales de la Zona Franca. Ayer, el también consejero de Presidencia sentenciaba: "Creo que después de los varapalos judiciales de Las Aletas, es hora de olvidarse de los suelos que han supuesto el problema y que han provocado las sentencias del Supremo, y que todas las administraciones trabajemos en el resto de suelos de la Bahía de Cádiz".

En este sentido, Jiménez Barrios valoró que esta compra de terrenos de Delphi y el proyecto de Las Aletas deberían ser gestiones "complementarias". En definitiva, indicó que "se trata de una estrategia de futuro", pero "tenemos que ver qué hacemos con Las Aletas". El vicepresidente de la Junta ha añadido que "la sentencia" acerca de Las Aletas "reincide en lo que hay que hacer, por tanto sería inútil plantearse una disposición nueva de lo que ha sido desgraciadamente aceptado". Pero en cambio "ahora corresponde que el dinero de Las Aletas sea destinado a suelo productivo, y lo que hay que ver con el Gobierno central su fin".

Y el tercer beneficiado sería, sin duda, el Ayuntamiento de Puerto Real. De momento, sigue cobrando casi 250.000 euros al año en concepto de Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y para las maltrechas arcas municipales sería un seguro económico que siguiera siendo así. De hecho, para facilitar la llegada de empresas, aprobó en un pleno municipal la reparcelación de toda la superficie. Sin embargo, esta propuesta no fue aceptada por la administración concursal, que la consideró demasiado cara.

Y, mientras tanto, se sigue esperando a saber cuánto empleo podrá generar.