La abogada Encarnación Molino, que representa al ex consejero de Innovación, asegura que ser nombrado consejero y miembro del Consejo de Gobierno, "no implica convertirse automáticamente en prevaricador".

La juez se remite a un auto de la Audiencia en el que reprocha a la Fiscalía Anticorrupción que el tribunal "no ha cambiado las reglas", sino que hay un "exceso de la Fiscalía".

La defensa de la ex consejera de Economía insiste en que el Parlamento andaluz conocía la finalidad de las transferencias de financiación, porque "los diputados no son débiles mentales" y disponen de recursos y experiencia suficiente en la materia.

El abogado Víctor Moreno Catena califica de auténtico "disparate jurídico" que la Fiscalía mantenga que "exista una ley ilegal, errónea o nula" por sostener la tesis de que el Parlamento fue engañado con las ayudas.

El abogado argumenta que la ex consejera de Economía y Hacienda tuvo "menos información" que el Parlamento andaluz sobre el modelo de la gestión de las ayudas.

Considera que el ex consejero ha pasado de ser "sólo investigado" a un "culpable seguro ante la opinión pública".

La defensa sostiene que no prevaricó porque el Parlamento andaluz conocía "perfectamente" el destino de las transferencias de financiación para el pago de las ayudas y esta herramienta era "legal".

El abogado del ex consejero reprocha a la Fiscalía el "golpe añadido" con su alusión a que pretendió incluirse en la póliza de los ex trabajadores de González Byass.

La defensa de la ex consejera niega la tesis de los peritos de que se engañó a los parlamentarios porque éstos conocían que las transferencia de financiación eran "legales" e iban dirigidas al pago de las ayudas sociolaborales.

La defensa del ex consejero de Empleo critica que Alaya "impidió" que se les preguntara a los peritos de auxilio judicial sobre el supuesto desconocimiento del sistema empleado por parte de la Intervención delegada.