La ex consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía Carmen Martínez Aguayo ha solicitado su libre absolución dentro de la pieza separada del procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas investigadas en el caso de los ERE fraudulentos porque "ha sido enteramente ajena" y no ha participado "en modo alguno" en el mantenimiento de dicho procedimiento, cuya existencia niega.

En su escrito de defensa, al que ha tenido acceso Europa Press, el abogado de la ex consejera dice que, en la causa, "no existe ningún indicio de que conociese la gestión que la Dirección General de Trabajo estaba realizando del programa presupuestario 31L, ni de la existencia de intrusos en las pólizas, o sobrecomisiones, o de la concesión de ayudas prescindiendo de los trámites establecidos y a entidades que no reuniesen los requisitos para ser beneficiarias de las mismas".

"Es radicalmente falso" que la ex consejera "conociera, participara o consintiera la gestión que la Dirección General de Trabajo estaba haciendo de las ayudas", argumenta el letrado de Martínez Aguayo, Víctor Moreno Catena.

El letrado expone que el programa 31L por el que se allegaban fondos al antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y luego a la agencia IDEA mediante transferencias de financiación para el pago de ayudas sociolaborales o a empresas "estaba expresamente previsto" en las sucesivas leyes de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía y, por ello, "no puede ser tildado de ilegal".

La defensa de Martínez Aguayo, para quien la Fiscalía Anticorrupción pide seis años de cárcel por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, pone de manifiesto que las transferencias de financiación, "lejos de ser un instrumento presupuestario creado ad hoc por los aquí investigados, es el mecanismo de financiación de los organismos y empresas pertenecientes, no sólo a la Junta, sino también al resto de comunidades autónomas y al Estado".

Al hilo de ello, el abogado de la ex consejera asevera que la presupuestación de los créditos al IFA/IDEA para el pago de las ayudas a través de transferencias de financiación "se contemplaba, año tras año, en las Leyes de Presupuestos de Andalucía, por lo tanto, tiene rango legal", y añade que la política de apoyo a trabajadores y empresas en crisis "estaba respaldada por el Parlamento de Andalucía", así como que la política de ayudas sociolaborales "tiene objetos definidos y carácter generalizado, y no es exclusiva" de Andalucía.

"Se trata de una política respaldada por el Parlamento de Andalucía y que se canalizó mediante un procedimiento legalmente adecuado", dice el letrado, que manifiesta que "no es posible sostener con una mínima seriedad jurídica que los parlamentarios andaluces fueron inducidos a error", pues "la propia literalidad de las Leyes de Presupuestos impide convalidar esta teoría" y los parlamentarios, "mediante decisión soberana, acordaron que los fondos para el pago de las ayudas sociolaborales fueran allegados al IFA/IDEA mediante transferencias de financiación, decisión que goza de rango legal". 

Fiscalización previa

A su juicio, dichas transferencias "no son ni un sistema, ni pieza de ningún sistema, construido ad hoc, sino un instrumento de financiación ordinario y carente de toda relevancia en el plano que ha sido considerado por las acusaciones, es decir, falto de toda la potencia que se le pretende atribuir como vehículo de defraudación, no existiendo ninguna relación de causalidad entre una aplicación presupuestaria y un determinado procedimiento de ejecución que pudiera resultar inadecuado o ilegal".

El abogado expone que dicha transferencia, además, "tampoco servía para eludir la fiscalización previa", ya que las ayudas "se tramitaban por la Consejería de Empleo y la propuesta de resolución que se dictaba en todos y cada uno de los procedimientos de concesión de tales ayudas debía ser sometida a fiscalización previa".

Asimismo, el letrado precisa que la acusación contra su cliente se centra en su intervención en la tramitación y aprobación de los anteproyectos de presupuestos de la Junta para los 2005 a 2009 y en las modificaciones presupuestarias efectuadas en el programa 3.1.L. en los mencionados ejercicios, una "genérica imputación" que "dificulta enormemente la labor de defensa dado que es imposible conocer qué actuaciones concretas o, mejor dicho, respecto de qué resoluciones debemos defendernos".

En relación a dichos anteproyectos de la Ley de Presupuestos, asevera que la función de la Viceconsejería de Hacienda "era básicamente la coordinación general de las actuaciones de la Consejería, nunca de control de legalidad sobre la redacción del anteproyecto de presupuesto de cada Consejería u órgano gestor". 

Modificaciones presupuestarias

Además, pone de manifiesto que tanto la Dirección General de Presupuestos como la Intervención General "informaron favorablemente las distintas modificaciones que fueron elevadas al Consejo de Gobierno por la Comisión General de Viceconsejeros", por lo que "no se puede reprochar que de este trámite se dedujese ningún atisbo de irregularidad y, mucho menos, de ilegalidad", agregando que todas las modificaciones "fueron remitidas al Parlamento y a la Cámara de Cuentas, que nunca advirtió de que adoleciesen de irregularidad alguna".

El abogado, asimismo, afirma que la opinión de la Intervención General sobre el sistema de ayudas "se plasmó en diferentes informes, en los que consideraba que el procedimiento era inadecuado, pero nunca ilegal", y "así lo ha repetido el interventor general de la Junta en las cinco ocasiones en que ha tenido la oportunidad de declararlo", señalando que "no se trata de un matiz sin importancia, sino de una diferencia sustancial que marca actuaciones, medidas y procedimientos distintos", pues la Intervención "no inició los procedimientos previstos ni requirió la adopción de medida alguna a mi mandante o a la Consejería".

"Jamás hubo una inacción de la Consejería de Hacienda o de la Viceconsejería, ni la intención de disminuir el control de las empresas públicas; muy al contrario, se legisló para mejorar su control", señala el abogado, que agrega que la Intervención General "tampoco advirtió de responsabilidades contables, no requiriendo actuación alguna de la Consejería de Hacienda y, mucho menos, de mi mandante".

Para finalizar, el letrado pone de manifiesto que "no existe ilícito penal alguno que imputar" a Martínez Aguayo, y añade, en relación al delito de asociación ilícita que le atribuye la acusación que ejerce el PP-A, que esta acusación "carece del más mínimo rigor jurídico, por lo que debe ser rechazada de plano", pues "no existe una 'estructura organizativa' entre los encausados dado que todos forman parte de una estructura establecida legalmente: la Administración de la Junta".

En relación a la responsabilidad civil, se opone a la solicitada por las acusaciones --de 741,8 millones de euros-- porque "no son adecuadas" y "deben ser revisadas y corregidas, atendiendo además a las actuaciones y decisiones adoptadas por la Junta de Andalucía".