La juez Mercedes Alaya ha autorizado a la Guardia Civil para que amplíe una vez más la investigación por el rastro de las comisiones de los ERE, en este caso, a las cuentas de la UGT y CCOO de Valencia, según un auto dictado por la instructora el pasado martes tras recibir un oficio de la Guardia Civil solicitando la práctica de esas gestiones y que se produce después de que la juez acordar investigar los pagos a UGT y CCOO del País Vasco.

En un nuevo informe, la Guardia Civil recuerda que hasta el momento se ha podido acreditar que “los sindicatos y sus entornos societarios habrían sido receptores de fondos públicos, indiciariamente como contraprestación por la labor desarrollada en los procesos de reestructuración de empresas, que habrían permitido obtener altos beneficios a las mediadoras intervinientes”. Estos fondos, continúa la juez, se harían llegar presuntamente a las organizaciones sindicales a través de dos vías: utilizando a empresas vinculadas a las mimas y otra directamente a las respectivas federaciones.

Dice la Guardia Civil que en el curso de las investigaciones, “estarían apareciendo nuevas cuentas de destino cuya titular es alguna federación sindical, tanto de CCOO como de UGT”, por lo que para poder culminar la investigación y el análisis que se viene realizando la juez ha autorizado ampliar las pesquisas.

De esta forma, la juez ha autorizado investigar una cuenta en la CAM de la UGT de Valencia, así como otras de la Federación Regional Metal Construcciones y Afines, de CCOO en el Banco de Valencia, y otra de la Federación Agroalimentaria.

En otro oficio anterior, los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil recordaban que hasta el momento “se ha podido acreditar que los sindicatos y sus entornos societarios han recibido” de las empresas mediadoras más de siete millones de euros, “indiciariamente como prestación por la labor desarrollada en los procesos de reestructuración de empresas que ha permitido obtener altos beneficios a las mediadoras intervinientes”.

Así se detectaron “numerosos pagos de las mediadoras a los sindicatos, algunas veces directamente a las federaciones de los mismos, pero otras a través de las empresas vinculadas a ellos”, como es el caso de Atlantis Asesores S. A. para CCOO, y de ASP-Asesoramiento seguros, ITG y Temiqui en el caso de la UGT, por lo que los agentes consideraban necesario “profundizar en el estudio del flujo del dinero, cuyo origen se encuentra en la Administración andaluza, y comprobar si las comisiones que se facturan con las empresas citadas revierten en las federaciones que supuestamente han participado en la consecución de las ayudas públicas, intentando determinar al mismo tiempo la cantidad exacta que las diferentes organizaciones sindicales hubiesen cobrado de los fondos librados por la Junta de Andalucía en el marco de las ayudas sociolaborales objeto de las presentes investigaciones”, ya que el montante de las sobrecomisiones que los sindicatos han percibido de las mediadoras, “no coincide con la cantidad de pagos que éstas han reflejado en la declaración tributaria de cobros y pagos”.

A la vista de estas revelaciones, la juez Alaya dictó un nuevo auto, a principios de febrero, en el que ordenó ampliar las investigaciones al entorno de los sindicatos, para lo cual ha requerido a las siguientes siete organizaciones: Federación de Industria de Andalucía de CCOO, Federación Andaluza Agroalimentaria (Feagra) de CCOO, Federación Agroalimentaria (FTA) de UGT Cádiz, Federación andaluza del Metal, Construcciones y Afines (MCA) de UGT, Federación de Industria Andaluza (FIA) de UGT, y a los sindicatos CCOO y UGT del País Vasco.

La Guardia Civil elevó recientemente a más de 12 millones las sobrecomisiones que se han cobrado por la intermediación en los ERE pagados por la Junta de Andalucía en sólo una decena de empresas investigadas, mientras que las organizaciones sindicales han percibido más de siete millones.  Los agentes revelaban que hasta momento se ha podido comprobar que en un total de diez expedientes de ayudas analizados –Surcolor, Calderinox, González Byass, Cespa/FCC, Saldauto, Intesur, Matadero de Fuenteobejuna, Europa Center (Hotel Cervantes), SOS Cuétara y Bilore- sobre un total de prima de 120.431.426,36 euros se han abonado comisiones a los medidadores de 18.065.630,97 euros, lo que constituye una media del 13,60%. La Guardia Civil subraya que como la media del mercado en promedio habría sido del 4,60%, esto implica que “se han pagado sobrecomisiones por un importe de 12.176.626,55 euros” tan sólo en esta decena de expedientes.