El ex presidente de la Junta Manuel Chaves ha insistido en que no incurrió en ningún delito de prevaricación en relación con el fraude de los ERE. Su abogado, Pablo Jiménez de Parga, ha presentado este jueves su escrito de defensa, en el que solicita su absolución porque el ex presidente “ni conoció ni pudo conocer las supuestas irregularidades vinculadas a la concesión de las ayudas sociolaborales, puesto que nadie le advirtió de ello y el Interventor General tampoco consideró oportuno utilizar el mecanismo del informe de actuación”.

En el escrito de defensa, el letrado explica que Manuel Chaves, que fue presidente de la Junta entre 1990 y 2009, “desconocía los procedimientos concretos por los que se canalizaban las ayudas sociolaborales, así como las ayudas concedidas en cualquier otro ámbito, al no ser ésta su función como presidente de la comunidad autónoma”.

Chaves rechaza de esta forma los cargos presentados por la Fiscalía Anticorrupción, que reclama una condena de diez años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación, y de las demás acusaciones, al considerar que los hechos no son constitutivo de ningún delito que se le pueda imputar.

Durante los 19 años en los que estuvo al frente del Ejecutivo andaluz, Manuel Chaves suscribió seis acuerdos de concertación social con la Confederación de Empresarios de Andalucía y las organizaciones sindicales más representativas de la comunidad autónoma, en los cuales, precisa, “se fijaba como prioridad política, compartida por todos los agentes sociales, garantizar la cohesión social en Andalucía, lo que implicaba, entre otros aspectos, la necesidad de atender a los trabajadores de empresas en crisis mediante distintas ayudas sociolaborales en casos de procesos de reestructuración empresarial o de reconversión, especialmente significativos en algunos sectores de actividad industrial”.

Esta política se traslado a los planes económicos que fueron aprobados por el Parlamento de Andalucía, en especial el plan económico Andalucía Horizonte 2000 (1998-2000) y el plan económico Andalucía Siglo XXI (2002-2005), que fueron aprobados por el Pleno del Parlamento y que se recogió en las sucesivas leyes de presupuestos de la comunidad autónoma de Andalucía.

Entre los años 2000 y 2009, el Consejo de Gobierno que presidía Chaves, aprobó 18 modificaciones presupuestarias relativas al programa 22E y 31L –conocida popularmente como el fondo de reptiles, según la terminología empleada por el ex director general de Trabajo Javier Guerrero- de un total de 1.271 modificaciones presupuestarias aprobadas durante ese mismo periodo por el Consejo de Gobierno.

Con todos los informes preceptivos

La defensa de Chaves explica en su escrito que esas 18 modificaciones presupuestarias fueron tramitadas con arreglo a la Ley general de la Hacienda Pública de Andalucía y contaron “con todos los documentos e informes preceptivos, las memorias justificativas y explicitaron el impacto en los objetivos de los programas de actuación, inversión y financiación afectados”.

Además, todas las modificaciones contaron con el preceptivo informe favorable de la Intervención General de la Junta, precisa Jiménez de Parga. “Manuel Chaves, en su condición de presidente de la Junta de Andalucía, se limitó a participar en la formalización de la aprobación, por parte del Consejo de Gobierno que él presidía, de unas modificaciones presupuestarias que habían seguido todos los trámites legalmente exigibles y que contaban con todos los informes preceptivos favorables, incluido el informe favorable de la Intervención General de la Junta de Andalucía en todos y cada uno de los casos”, asevera.

El abogado explica que todas las modificaciones presupuestarias formaban parte del denominado “índice verde” del Consejo de Gobierno, en alusión a los asunto del orden del día que “ni siquiera se someten a deliberación entre los miembros del Consejo de Gobierno, sino que se aprueban directamente por ser de su competencia, según una práctica habitual no sólo en los gobiernos autonómicos, sino también en el gobierno de la nación”. Tras su aprobación por el Consejo de Gobierno, las 18 modificaciones fueron remitidas a la oficina de control presupuestario del Parlamento de Andalucía y se incluyeron en la cuenta general de cada ejercicio, que fue objeto de análisis y de aprobación anual por parte del Parlamento.

En su escrito, Chaves reclama que se incorpore a la causa el contenido completo de los seis acuerdos de concertación social suscritos durante el tiempo que estuvo en el cargo, así como la certificación acreditativa del número total de modificaciones presupuestarias aprobadas por el Consejo de Gobierno, desglosadas por año.

En el auto de procesamiento, el juez Álvaro Martín reprochó a los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán que conocían las irregularidades relacionadas con las subvenciones y participaron del “plan” establecido en el año 2000 para eludir los controles de la Intervención y que permitió la “falta de control sobre los fondos públicos destinados a subvenciones o ayudas”. Chaves “impulsó” la implantación del sistema y Griñán lo “mantuvo”, aseveró en esa resolución el juez, que rechazó la “aducida ignorancia” de los ex presidentes por todo el tiempo en el que estuvo funcionando el sistema, al considerar asimismo que las deficiencias del sistema fueron “buscadas como fines”, al instaurar un procedimiento “particularísimo” para otorgar las ayudas.

El reproche de la Fiscalía

La Fiscalía Anticorrupción reprocha en su escrito de acusación que Chaves y Griñán, así como otros integrantes del Consejo de Gobierno, como Gaspar Zarrías, Francisco Vallejo y Antonio Fernández, “no pusieran freno” a la utilización de las transferencias de financiación para el pago de las ayudas de los ERE, a pesar de que los informes de la Intervención General de la Junta que alertaban de las distintas irregularidades en el procedimiento que se estaba empleando.

El Ministerio Público señala además que Manuel Chaves, como presidente de la Junta, y los ex consejeros imputados –Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez, entre otros- tenían “conocimiento” de las deficiencias del sistema por el que se concedían las ayudas, y “con conocimiento de los incumplimiento y conciencia de las consecuencias que derivaban necesariamente del uso de las transferencias de financiación”, introdujeron en los presupuestos de la Junta para 2002 la aplicación presupuestaria en la que se recogían los créditos a favor del IFA en materia de relaciones laborales (concepto 440), en el programa 31L.

La Fiscalía recuerda que la “reiteración y prolongación en el tiempo de estas ayudas exigen de una regulación como subvenciones ordinarias, en contraposición con las excepcionales”, y añade que Chaves y los otros imputados “no modificaron en ningún extremo el proceder de los ejercicios posteriores, interviniendo en la tramitación y aprobación en su caso del anteproyecto de presupuesto de la Junta para el 2005”, presupuesto que consignó como crédito inicial para la partida 31L más de 72 millones.