La juez María Núñez Bolaños ha reclamado a la compañía Generali España de Seguros y Reaseguros información sobre las pólizas de rentas de prejubilación en las que se hayan pagado comisiones del mediador superiores al 5%. La magistrada que investiga la macrocausa los ERE fraudulentos de la Junta ha atendido en una providencia la petición de la defensa de un sindicalista de UGT en la pieza separada por las sobrecomisiones en la que son investigadas treinta personas, entre ellas el ex director de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, el ex delegado de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, y el conseguidor Juan Lanzas.

Generali deberá aportar una relación o listado de pólizas de rentas de prejubilación suscritas por dicha compañía "en cualquier zona o territorio de España distinto de Andalucía, en cuya financiación haya participado alguna Administración pública, sea la Administración Central del Estado o alguna comunidad autónoma, y en las que se hayan pagado comisiones del mediador superiores al cinco por ciento del coste total de la prima".

La juez requiere a la aseguradora que señale el "porcentaje concreto de comisión pagado en cada caso". El listado que solicita Núñez Bolaños no se circunscribe únicamente a las operaciones en las que han participado las administraciones, sino que lo amplía al de otras pólizas suscritas por Generali y "financiadas exclusivamente por las empresas sin participación pública".

La defensa del sindicalista de UGT hizo su petición a raíz de la declaración testifical prestada el pasado 27 de junio por el consejero delegado de Generali España Seguros y Reaseguros.

En mayo pasado, la magistrada solicitó a los peritos de la Dirección General de Seguros que ampliaran el informe en el que analizan las sobrecomisiones pagadas en las pólizas de prejubilaciones de los ERE fraudulentos, accediendo así a la petición realizada por la defensa del exsecretario general de la Federación Minerometalúrgica de CCOO-A Manuel Roberto Carmona Soto.

Los inspectores de la Dirección General de Seguros analizaron pólizas pagadas por la administración autonómica entre 2000 y 2011 e investigadas en el caso de los ERE, y detectaron el pago de un exceso de 66.155.573 euros en "comisiones significativamente superiores a la media de mercado", que estaba situada en el 2%. La juez acordó librar oficio a los peritos de la Dirección General de Seguros para que amplíen el informe "aportando y concretando la totalidad de las actuaciones en virtud de las cuales han concluido que es el dos por ciento la comisión de referencia".

De este modo, la magistrada pidió a los peritos que "identifiquen con nombre, apellidos y cargo las personas a las que se haya entrevistado o tomado declaración, así como copia de sus declaraciones", y que informen sobre "las consultas realizadas a diversas entidades aseguradoras y corredores de seguros, así como las respuestas íntegras".

Núñez Bolaños solicitó también a los técnicos que remitan una "copia de la información íntegra obtenida de la aseguradora Generali, tanto pólizas financiadas por la Junta de Andalucía como en otras no financiadas por la Junta", así como que den cuenta de "cualquier otra actuación tenida en cuenta para las conclusiones del informe".

La investigadora, además, libró oficio a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones "a fin de que se expida y aporte copia de cada uno de los informes anuales sobre el sector de la mediación de los años 2000 a 2012".

Recientemente se conoció una sentencia en la que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dictaminó que la Junta no tiene derecho a que le sean devueltos los gastos pagados como comisión a las compañías de seguros y a las entidades mediadoras en los ERE tramitados antes de la entrada en vigor del Decreto-ley 4/2012.