La Audiencia Provincial de Sevilla ha acordado dejar en libertad bajo fianza de 600.000 euros al exdirectivo de Vitalia Eduardo Pascual, imputado en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta a quien la juez Mercedes Alaya envió a prisión el pasado mes de marzo tras ser detenido en el marco de la operación Heracles desarrollada por la Guardia Civil. 

Fuentes del caso han informado de que la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla ha dictado un auto en el que estima parcialmente el recurso presentado por la defensa del imputado contra el auto de prisión dictado por la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla y lo deja en libertad bajo fianza de 600.000 euros. Las fuentes consultadas han precisado que, antes de tomar esta decisión, la Sección Séptima acogió el pasado mes de junio una vista en la que se debatió el recurso presentado por la representación jurídica del encausado. 

Eduardo Pascual fue una de las siete personas a las que la juez Alaya mandó a prisión dentro de la operación Heracles desarrollada por la Guardia Civil para investigar el supuesto cobro de sobrecomisiones por parte de las mediadoras que gestionaron las pólizas de prejubilación relacionadas con los expedientes de regulación de empleo. Así, y además de a Pascual, la juez Alaya envió a la cárcel a los también exdirectivos de Vitalia Antonio Albarracín y María Vaqué; al exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero; al conseguidor de los ERE y exsindicalista de UGT Juan Lanzas; a su cuñado, Ismael Sierra, y al presunto testaferro de los ERE Eduardo Leal del Real. A todos ellos los mandó la juez Alaya a prisión sin fianza a excepción del supuesto testaferro y del cuñado de Juan Lanzas, a quienes impuso una fianza de 50.000 euros que fue abonada por éste último para abandonar la prisión.

Hay que recordar que la propia Sección Séptima ya dejó en libertad bajo fianza de 600.000 euros a Antonio Albarracín, quien pagó dicha cantidad y salió en libertad, y a María Vaqué, que no ha podido hacer frente a la fianza y continúa en la cárcel de Sevilla-I, mientras que impuso una fianza de 450.000 euros a Juan Lanzas, que tampoco ha podido pagarla. Actualmente, y después de que Guerrero abandonara la cárcel sin prestar fianza tras así decidirlo la juez, continúan en prisión Eduardo Pascual, María Vaqué, Eduardo Leal, Juan Lanzas y el dueño de Uniter, José González Mata, a quien la magistrada mandó a prisión bajo fianza de 600.000 euros, siguiendo así el criterio marcado por la Audiencia. 

Eduardo Pascual, a quien la juez ha impuesto además una fianza de responsabilidad civil de 111,7 millones de euros, fue detenido por la Guardia Civil y compareció el 23 de marzo pasado ante la magistrada, quien le imputó sendos delitos continuados de cohecho, malversación, falsedad en documento mercantil y prevaricación, así como delitos contra la hacienda pública y asociación ilícita.

En el auto por el que ordenaba la prisión de Vaqué y Pascual, la juez puso de manifiesto que ambos "llevarían el control personal de lo que acontecía" en Vitalia, señalando que las "sobrecomisiones" cobradas por la consultora en relación a las pólizas de los ERE habrían causado "un enorme perjuicio a la Hacienda Pública andaluza". Así, y a juicio de la juez, Vitalia "obtuvo los medios suficientes para presuntamente corromper de manera continuada a cargos de la Administración autonómica", aunque no detalló los altos cargos de la Junta que habrían sido sobornados por Vitalia y sólo citó el nombre de Guerrero como el único que ha sido "acreditado indiciariamente hasta el momento".