La Fiscalía de Sevilla ha solicitado una condena de ocho años y medio de cárcel y multa de 1.970.000 euros para Juan Francisco Algarín Lamela, el presunto testaferro de las comisiones de los ERE que está en prisión desde el martes, según han confirmado fuentes del caso.

Esta otra causa, en la que se investigan delitos contra la Hacienda Pública y falsedad en documento mercantil, fue investigada por el juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla con anterioridad a su implicación en el escándalo de los ERE, aunque los hechos pueden estar vinculados con el sumario que está actualmente bajo secreto.

En concreto, la Fiscalía le imputa a Juan Francisco Algarín dos delitos contra la Hacienda Pública y cuatro delitos continuados de falsedad en documento mercantil, por lo que solicita una condena total de ocho años y seis meses de cárcel y el pago de una multa de 1.970.000 euros.

La juez Ana Rosa Curra, que refuerza a la juez Mercedes Alaya, decidió este martes enviar a prisión provisional, comunicada y sin fianza a Juan Francisco Algarín, un presunto testaferro de las denominadas “empresas pantalla” que se habrían utilizado para introducir en el circuito financiero el dinero procedente de las “sobrecomisiones” aplicadas a las pólizas de las prejubilaciones vinculadas a los ERE financiados por la Junta. El detenido está imputado por cinco delitos –malversación de caudales públicos, cohecho, blanqueo de capitales, falsedad y asociación ilícita- y fue encarcelado después de prestar declaración en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla y una vez que solicitara su encarcelamiento la Fiscalía Anticorrupción.

En sus declaraciones, Juan Francisco Algarín habría reconocido que llevó personalmente sobres con dinero desde Mercasevilla y desde distintos bares próximos a la Consejería de Empleo de Sevilla hasta una cafetería situada en los bajos de la Delegación de Empleo en la capital. También habría asegurado que, a veces, en lugar de sobres llevó fundas de ordenadores portátiles repletas de billetes de 200 y 500 euros. La recogida de esos sobre se habría realizado, según el imputado, siguiendo las órdenes del supuesto “conseguidor” de los ERE y también imputado en la causa Juan Lanzas.

Juan Francisco Algarín figura como administrador de la empresa Distripack Transporte Urgente, que habría recibido cheques por importe supuestamente de 362.500 euros.