La Guardia Civil ha corroborado, punto por punto, todas las sospechas que la juez Mercedes Alaya ha expuesto en los últimos meses en sus distintas resoluciones sobre el escándalo de los ERE. Un extenso informe de 304 folios y 49 anexos de documentación remitido por la Unidad Central Operativa (UCO) al juzgado de Instrucción número 6 concluye que todos los miembros del Consejo de Gobierno "conocían" el sistema ideado en 2001 con el convenio marco entre la Consejería de Empleo y el IFA y las transferencias de financiación que, a juicio de los investigadores, fue creado para facilitar el "descontrol absoluto de las ayudas con las consecuencias que ahora se conocen".

El informe policial, que la juez Mercedes Alaya entregó ayer a los abogados del medio centenar de imputados hasta ahora en el proceso, detalla hasta 13 deficiencias en la tramitación de los expedientes, entre las que destaca la falta de publicidad, lo que impedía el "acceso a las mismas en condiciones de igualdad por las distintas empresas o colectivos de trabajadores de la comunidad autónoma que pudieran estar atravesando una situación de crisis".

Los agentes de la UCO advierten de que, al "ya de por sí poco exigente convenio marco" de 2011, se suma el "reiterado" incumplimiento del mismo, con lo que las ayudas se concedían "sin que existiera un convenio particular en la dirección general de Trabajo y Seguridad Social y el IFA o IDEA, sin establecimiento de plazos o sin formar las comisiones de seguimiento previstas".

Las ayudas individuales, sostiene el grupo de delitos económicos de la UCO, fueron concedidas a personas "vinculadas políticamente, familiarmente o por razones de amistad a distintos funcionarios o cargos públicos con responsabilidad en la adjudicación y gestión de dichas ayudas", pero estas ayudas "no eran conocidas ni por tanto accesibles a las personas que en situaciones de precariedad económica las pudieran necesitar, por no haber sido publicitadas en modo alguno", hecho que el ex consejero de Empleo Antonio Fernández -en prisión provisional desde el pasado 24 de abril- "no sólo conocía y estaba informado de la concesión de ayudas individuales, sino que fue la persona que efectivamente explicó a los sucesivos directores generales la posibilidad de su concesión, dando en ocasiones el visto bueno a las mismas".

Pero para la Guardia Civil, las responsabilidades podrían alcanzar incluso al propio presidente de la Junta, José Antonio Griñán, por cuanto sería conocedor, en su etapa de consejero de Economía y Hacienda, de los importantes reparos que la Intervención General de la Junta planteó ante el sistema de las transferencias de financiación. La Guardia Civil recueda que el consejero de Economía era "uno de los destinatarios de los informes" del interventor general -que ya ha declarado como testigo ante la Guardia Civil-, aunque los mismos se remitieron a la viceconsejera, entonces Carmen Martínez Aguayo. "A juicio policial y, dada la importancia de las deficiencias plasmadas en esos informes (que recogen incluso la asunción de obligaciones sin cobertura presupuestaria cercanas a los 40 millones de euros) se debe suponer que por la propia lógica e importancia de su contenido, debía ser conocido por el propio consejero [por entonces Griñán]", detallan los investigadores, que no obstante alertan a la juez de que era "responsabilidad" de la viceconsejera como receptora de los informes "haberlos hecho llegar al titular de la Consejería o haberle comunicado el contenido de los mismos".

La Guardia Civil extiende la responsabilidad a todos los miembros del Consejo de Gobierno, que "conocerían el sistema utilizado, participando en mecanismos que lo harían viable, como las ampliaciones presupuestarias que incrementaban el crédito correspondiente a las transferencias de financiación dque desde Empleo iban destinadas al IFA o IDEA".

El exhaustivo atestado de la Guardia Civil amplía igualmente el conocimiento y mantenimiento del sistema a los sucesores de Francisco Javier Guerrero en la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, Juan Márquez Contreras y Daniel Alberto Rivera, que recibieron una "situación heredada" de numerosas irregularidades que mantuvieron sin poner los hechos en conocimiento del "juzgado ni del Ministerio Fiscal a pesar de su gravedad".

En cuanto a las actuaciones desarrolladas por la Junta tras destaparse el escándalo de los ERE, la Guardia Civil entiende que no se ha destruido documentación alguna durante la revisión de los expedientes que se realizó el fin de semana del 20 de noviembre de 2010 ni con posterioridad, pero sí reprocha la actuación en relación a los expedientes reclamados por la juez a la Consejería. Según los agentes los expedientes reclamados por el juzgado "no se mandaron tal cual estaban en la Dirección de Tabajo, sino una vez completados con distintos documentos que les faltaban" y además creen que se "sacó" de los mismos documentación "que pudiera haber resultado comprometida o de interés para la investigación".

A la vista de este informe, la juez Alaya ha decidido suspender sin fecha las declaraciones de los próximos imputados para estudiar el atestado.