Antonio Rivas, ex delegado provincial de la Consejería de Empleo en Sevilla desde 2001 a 2010, está sentado casi sobre el epicentro del caso de los ERE, pero "poca luz" puede arrojar. Eso fue lo que les dijo ayer a los miembros de la comisión parlamentaria en su intervención, que comenzó unos minutos más tarde del mediodía debido a la tardanza de los parlamentarios populares. Rivas se amparó como otros comparecientes en lo que se podría denominar el escudo Alaya: la mejor estrategia de defensa. Al estar imputado en un caso judicial, el que instruye Mercedes Alaya, cualquier testimonio que aporte en el Parlamento se le podría volver en contra en el proceso penal. Así que Rivas optó por el silencio mientras dos diputados, del PP e IU, les leían las preguntas durante algo más de media hora. Pero es más, el ex delegado apuntó otro hecho para reforzar ese gran escudo: lleva 18 meses imputado por la juez, pero aún no le ha citado a declarar.

La excusa formal de los comparecientes imputados está perfectamente armada; ahora bien, cuanto menos llama la atención que personas que han estado, como Rivas, en cargos públicos en la Junta durante casi una década se atengan exclusivamente a lo que les indique su abogado. Esto es: no hablar. Sin embargo, la tensión en la comisión va aumentando día a día, a pesar de los silencios. El PSOE, como el día anterior, optó por no formular a Rivas preguntas orales, pero, además, su portavoz, Antonia Moro, protestó en varias ocasiones ante las preguntas del PP sobre asuntos relacionados con los ERE y la financiación del Partido Socialista.

Rivas eludió cualquier responsabilidad en la concesión de las ayudas, ya que su puesto, como tal, sólo le da firma para aprobar Expedientes de Regulación de Empleo, no la concesión de rentas asociadas a ellos y que constituyen el objeto de la investigación. Ello le permitió esquivar, por ejemplo, las preguntas de por qué dos concuñados suyos y tres militantes del PSOE de Camas, pueblo del que fue alcalde, son intrusos en empresas donde nunca trabajaron. Ya al final, y después de oír las preguntas certeras del popular Rafael Carmona, no pudo cerrar más la boca, se salió del escudo Alaya y contestó a dos cuestiones. Que su abogado se lo paga él, y no el PSOE ni la Junta, y que la sede socialista de Camas no se paga mediante el desvío de ninguna póliza. Rivas, que fue delegado con los consejeros José Antonio Viera y Antonio Fernández, fue suspendido de militancia en el PSOE cuando la anterior secretaria de Organización, Susana Díaz, comprobó que personas muy cercanas a él habían recibido pólizas como prejubilados. Al llegar a la Presidencia, José Antonio Griñán lo mantuvo en el cargo durante un año a pesar de estar imputado en el caso Mercasevilla, entre otras razones porque su consejero, Antonio Fernández, no quiso destituirlo, el elemento clave que, posteriormente, le costaría a este último el cargo. El caso Mercasevilla, diferente al de los ERE, está, sin embargo, en su origen, y trata sobre un presunto soborno y extorsión de directivos de la empresa del mercado sevillano a empresarios del grupo hostelero La Raza, de Sevilla.

Ahí se quedó todo lo de Rivas, que dejó a la comisión sin explicar por qué algunos familiares y allegados se colaron sin derecho en la lista de damnificados por los ERE. "¿No era usted la puerta de entrada para que se pudieran colar los intrusos en los ERE?", preguntó Carmona, el parlamentario del PP, pero, de momento y a excepción de lo que pueda ocurrir a partir de ahora, las cuestiones chocaron contra el escudo Alaya.