El Gobierno andaluz solicitará su personación en las próximas horas como parte perjudicada en la causa que investiga el juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla por un posible fraude en subvenciones por parte de UGT-A, así como en aquellas otras en las que fuera posible. "De la información disponible se desprende un posible menoscabo de la Hacienda pública autonómica", según apuntó ayer el Gobierno andaluz en un comunicado, en el que precisa que la Administración deberá personarse para ejercer las acciones que procedan para la recuperación del dinero presuntamente defraudado.

El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, aseguró, poco antes de la difusión del comunicado, que la Junta se personará en la causa que investiga presuntas facturas falsas de UGT-A para cursos de formación si la administración autonómica fue "perjudicada", dejando claro que le importa "un bledo" que el PP-A reclame su personación "sin más demora" como acusación particular. El pasado 25 de junio, el Gobierno andaluz ya anunció que había instado al gabinete jurídico a analizar los posibles perjuicios para la Junta e iniciar las acciones oportunas en defensa de los intereses públicos mediante la personación en la causa, una vez que los procedimientos judiciales así lo permitieran. Junto a ello, el Gobierno andaluz aseguraba que "continuará en el ámbito administrativo con el análisis de los expedientes correspondientes ejercitando las potestades que el ordenamiento jurídico le atribuye en el ámbito de la normativa de subvenciones", todo ello con el objetivo de "obtener el reintegro de los fondos públicos que hayan sido indebidamente percibidos por el sindicato".

Según explicó ese mismo día el consejero de Economía, José Sánchez Maldonado, en el proceso de revisión de expedientes iniciado por su departamento, UGT-A dispone de un plazo de 12 meses desde que se abre el expediente para que se acometa o no el reintegro solicitado de las ayudas.