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'caso ERE'

El PSOE justifica su negativa a preguntar "por respeto a los comparecientes"

  • La diputada socialista, Antonia Moro, ha recalcado que su partido está en la comisión de investigación con el ánimo de "esclarecer la verdad, de la transparencia y de actuar con rigor y seriedad".

El grupo del PSOE-A ha justificado su negativa a preguntar a los comparecientes en la comisión de investigación de los ERE en el "respeto" a su decisión de acogerse a su derecho a no declarar, tal y como ha ocurrido con los dos primeros imputados que han acudido al Parlamento.

La portavoz socialista en la comisión, Antonia Moro, se ha referido así en rueda de prensa a lo ocurrido en las comparecencias del ex diputado socialista Ramón Díaz Alcaraz y del ex jefe de servicio de la Dirección General de Trabajo Antonio Diz-Lois. "Hemos optado por esta fórmula por respeto a la decisión de los comparecientes de acogerse a su derecho constitucional a no declarar", ha resumido Moro que, preguntada por cuál será la postura de su grupo en el resto de declaraciones, ha contestado: "Está será la opción del PSOE".

La diputada socialista ha recalcado la idea de que su partido está en la comisión de investigación con el ánimo de "esclarecer la verdad, de la transparencia y de actuar con rigor y seriedad", además de negar que esté ocultando información al no formular las preguntas ante los comparecientes.

El PSOE ha distribuido a los medios las 18 preguntas que había elaborado para el interrogatorio de Ramón Díaz y las 16 previstas para Antonio Diz-Lois, las mismas que entregó al presidente de la comisión, Ignacio García (IU), por si los citados quieren contestarlas por escrito. Entre las dirigidas a Ramón Díaz, los socialistas se interesan por las funciones que realizó como asesor en la Dirección General de Trabajo; por si participó en la negociación de las pólizas de prejubilación como asesor o por si se reunía con los responsables de las compañías aseguradoras de las pólizas.

En otras preguntas, le interpelan respecto a si presionó o dejó de presionar para incluir a personas ajenas a las empresas en las pólizas de prejubilación; sobre quien realizaba la tarea en la Dirección General de Trabajo de tramitar las ayudas sociolaborales; por si el procedimiento conjugaba control y agilidad administrativa, y si sabía si procedimiento seguido es muy diferente o es similar al de otras comunidades autónomas.

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