El diputado de IU Juan Manuel Sánchez Gordillo puede enfrentarse a una pena de entre dos y cinco años de cárcel si prospera la pretensión de la Fiscalía de Sevilla para se le encause como posible inductor o cooperador necesario del asalto al supermercado de Écija, ya que podría solicitársele la misma condena que a los autores materiales del delito.

El caso está a la espera de que el juzgado de Primera e Instancia de esta localidad resuelva sobre la petición de la Fiscalía para que se inhiba de esta investigación y se remitan las actuaciones al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), dada la condición de aforado de Sánchez Gordillo.

Por el asalto al supermercado de Écija del pasado 7 de agosto están imputados cuatro miembros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), a los que se les han imputado inicialmente delitos de coacciones y robo con violencia e intimidación.

En el caso de que el Alto Tribunal andaluz decidiera abrir un proceso contra Sánchez Gordillo, el parlamentario andaluz podría enfrentarse a la misma pena prevista para las personas que fuesen consideradas autoras del delito. El Código Penal contempla en su artículo 242 una condena de dos a cinco años de prisión para "el culpable de robo con violencia o intimidación en las personas".

Esta misma pena de prisión está prevista cuando "el robo se cometa en casa habitada, edificio o local abiertos al público o en cualquiera de sus dependencias", precisa el artículo 241. La norma también prevé la posibilidad de reducir la pena "en atención a la menor entidad de la violencia o intimidación ejercidas y valorando además las restantes circunstancias del hecho".

Estas penas podrían imponérseles tanto a los presuntos autores materiales del robo de los diez carritos con comida como al propio Sánchez Gordillo, dado que la Fiscalía entiende que la participación del diputado de IU liderando el saqueo del supermercado podría enmarcarse en la figura del inductor o del cooperador necesario, lo que conllevaría la posibilidad de imponer la misma condena al líder jornalero.

Junto a la petición de encausar al diputado de IU ante el TSJA, la Fiscalía no descarta la adopción de nuevas medidas si continúan los asaltos a establecimientos comerciales. De hecho, representantes de las Fiscalías Superiores de Andalucía y Extremadura han venido celebrando reuniones en los últimos días para tomar medidas frente a estas acciones de saqueo en supermercados, el último de los cuales tuvo precisamente lugar ayer en Mérida (Badajoz). Esta "expropiación alimentaria", en la que participó el diputado de IU en la región Víctor Casco, finalizó sin que los participantes lograran sacar ningún carro cargado de alimentos. Entre las medidas que el Ministerio Público está estudiando se encuentran la posibilidad de solicitar una orden de alejamiento de los centros comerciales.

Sobre los cuatro miembros del SAT que están imputados por el robo en el supermercado de Écija pesa precisamente una prohibición de acercarse a 300 metros del establecimiento asaltado, así como de las tres trabajadoras que resultaron heridas en el altercado. Estas prohibiciones podrían extenderse a otras superficies comerciales si continúa la ola de asaltos por parte de los miembros del SAT.