La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha decidido archiva la queja de la asociación de la Prensa de Sevilla por la decisión de la juez Mercedes Alaya de requisar un teléfono móvil a un periodista de La Razón, al entender que la instructora pretendía “evitar filtraciones” y que se devolvió el teléfono “de inmediato” al informador tras comprobar que no había realizado ninguna grabación.

El acuerdo de la Sala de Gobierno del Alto Tribunal, reunida este martes en Granada, decide archivar la queja porque “aunque, ciertamente, se debe extremar el juicio de proporcionalidad, a la hora de adoptar medidas de injerencia en el derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones, el incidente denunciado, debe ser valorado en el contexto de las investigaciones en las causas penales cuya instrucción viene atribuida a la expresada magistrada y donde se busca evitar filtraciones de lo en ellas actuado y decidido”.

Por ello, la Sala de Gobierno “entiende que no debe reprocharse la actuación de la magistrada, máxime cuando parece ser, en principio, que sugirió a la guardia civil que se trasladaran al Juzgado de Guardia para, en presencia del interesado, comprobar si se había efectuado alguna grabación conectada con las actuaciones judiciales, procediéndose de inmediato a la devolución del terminal telefónico”.

La Asociación de la Prensa de Sevilla remitió el pasado 21 de mayo un escrito a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en el que mostraba su "protesta" ante el trato que la juez Mercedes Alaya dispensó a un periodista del diario La Razón que cubría la información sobre la causa de los ERE y al que ordenó retener el móvil porque pensaba que estaba haciendo una grabación ilegal.

La APS recordaba que el incidente tuvo lugar sobre las 14:30 horas del 20 de mayo, cuando la juez ordenó a la Guardia Civil retener el teléfono móvil de este redactor. El terminal estaba apagado y se estaba cargando en un enchufe próximo a la puerta del despacho de su señoría. "La magistrada interpretó erróneamente que el dispositivo estaba grabando lo que ocurría dentro de su despacho, a pesar de que lo tuvo en su mano y pudo comprobar que el terminal seguía apagado", añadía la asociación, que subrayaba que "sin siquiera atender las explicaciones del periodista, la juez fue a buscar a un agente de la Guardia Civil, quien retuvo el móvil e invitó al periodista a que lo acompañara hasta el juzgado de guardia. En estas dependencias, una vez cargado el teléfono, el agente pudo verificar que no se había realizado ninguna grabación, tal y como se había afanado el periodista en ponerle de manifiesto". Aun así, los datos del periodista y su DNI quedaron a disposición de la Guardia Civil.

La APS tildó de "desproporcionada" la reacción de la juez y recordó que los periodistas lo único que intentan cuando acuden a los juzgados "es hacer su trabajo con dignidad". "Lo que nos parece más grave de esta actitud es el hecho de que la instructora atribuyera la comisión de un posible delito al informador, al sospechar que estaba grabando las conversaciones de una magistrada con terceras personas", concluía la APS.