El secretario general de UGT en Andalucía, Francisco Fernández Sevilla, ha defendido el "trabajo únicamente sindical" que, a su juicio, desarrolló el secretario provincial de esta organización en Cádiz, Salvador Mera, -detenido en la segunda fase de la operación Heracles, vinculada al caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE)- en el ERE de la Faja Pirítica de Huelva que tramitó la Junta de Andalucía con cargo a la partida 31L siendo José María Aznar presidente del Gobierno. Este asunto, según ha apostillado, contó con "el acuerdo total" del actual presidente del PP andaluz, Juan Ignacio Zoido, entonces delegado del Gobierno en Andalucía.

En una rueda de prensa en Jaén, Fernández ha asegurado desconocer los "motivos" por los que su compañero se encuentra "retenido", ya que, según ha explicado, esta nueva fase de la Heracles está "bajo secreto de sumario", pero ha subrayado que Mera en los expedientes de la Cuenca Minera onubense "lo que hizo únicamente fue un trabajo sindical para buscar una solución" a la situación que atravesaban entonces esos trabajadores y "tratar de favorecer que éstos recibieran una prestación adecuada". Al hilo de ello, ha remarcado también que las ayudas que se concedieron en esa comarca contaron "con el acuerdo total del Ministerio de Trabajo, entonces dirigido por Eduardo Zaplana (PP); la Delegación del Gobierno de Andalucía, al frente de la cual estaba Juan Ignacio Zoido; la Junta de Andalucía y los alcaldes de los pueblos de ese territorio". Tras reiterar su deseo de que "en breve" se pueda "saber qué es lo que hay" detrás de la detención de Mera, el máximo dirigente de UGT-A ha confirmado que el sindicato "se ha puesto en contacto con una serie de profesionales" del ámbito jurídico para que puedan ejercer la "defensa legal" de su compañero de Cádiz, del que, según ha aseverado, no tiene "constancia de que haya hecho algo irregular" y al que ha enviado "todo su apoyo personal para que pueda salir adelante". En ese sentido, Fernández ha explicado que los afiliados al sindicato, por el hecho de serlo, tienen "derecho a la prestación de una serie de servicios, entre ellos, jurídicos", que, en todo caso, se satisfacen "con cargo a su afiliación". "UGT se financia con las cuotas de sus afiliados -que en Andalucía son cerca de 200.000-, que sufragan el trabajo que desarrolla", ha subrayado al respecto.

En esa línea, el líder de esta organización se ha quejado de la forma "tan abstracta" con la que, en su opinión, se está criticando la labor sindical, algo que, a su juicio, "parece que obedece a otras cosas". "Los sindicatos, en general, están bajo sospecha", ha lamentado antes de recalcar que UGT-A "no teme en absoluto nada" contra la organización y no tiene "indicios" de que alguien más del sindicato "tenga que pasar por el juzgado, pero eso está en el ámbito de la jueza", ha añadido en referencia a Mercedes Alaya. "Visto lo visto, no se puede descartar nada", ha apostillado, al tiempo que ha recordado que UGT-A se encuentra personada en esta causa, si bien no tiene información sobre las últimas detenciones al estar decretado el secreto de sumario. 

Investigación sobre las facturas

De igual modo, Fernández ha avanzado que "en muy pocas horas" el sindicato informará de los resultados de la investigación abierta desde la organización sobre la supuesta "estafa" en el uso y destino de ayudas recibidas desde la Junta de Andalucía, sobre lo que no ha querido avanzar nada aunque sí ha señalado que UGT-A "está muy tranquila", al tiempo que ha instado a quien crea que el sindicato "formaba parte de una trama" en el caso de los ERE, a que "presente una denuncia en el juzgado". Ha respondido así a unas declaraciones pronunciadas este mismo miércoles por el presidente del PP andaluz, Juan Ignacio Zoido, que se ha referido a dicho asunto como "una auténtica trama perfectamente orquestada entre la Junta, los dirigentes del PSOE y también los sindicatos para defraudar gran cantidad de dinero de los trabajadores en desempleo".

La segunda fase de la Operación Heracles, que desarrollan agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, se ha saldado hasta el momento con diez detenciones, la última de los cuales se ha conocido este miércoles y afecta al ex director de una sucursal bancaria de la provincia de Jaén.