El vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, ha querido dejar claro que la Junta "no se va a hacer cargo de ninguna defensa" de altos cargos imputados en el caso de las irregularidades de expedientes de regulación de empleo (ERE), ni de manera directa ni indirecta, "por coherencia" y ha recordado además que la administración autonómica es acusación, lo que supone una "cierta incompatibilidad desde el punto de vista de político" que no permite que se haga cargo de esa defensa. 

Su declaración choca con la de la consejera de la Presidencia e Igualdad, Susana Díaz, quien ha considerado que "sería entendible" que la Junta de Andalucía pagara la defensa jurídica de altos cargos y funcionarios imputados en el fraude en los ERE en los "supuestos en que sean declarados inocentes". La consejera ha precisado que los servicios jurídicos de la Junta son los que tienen que resolver individualmente cada caso, aunque ha insistido en que entiende que la administración pagará la defensa privada si son declarados inocentes.

En cambio, Valderas se ha mostrado incluso convencido de que nadie va a solicitar la defensa de la Junta, aunque tuviese derecho, y de que "la coherencia del propio Consejo de Gobierno le lleva a no tener ninguna previsión de actuar con fondos públicos en la defensa de nadie". "Estoy convencido de que la Junta, por propia coherencia, no puede entrar en ese camino", ha señalado el vicepresidente de la Junta. 

Diego Valderas ha manifestado que el martes el mismo portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, "rectificó" sobre lo que habían sido los contenidos de una declaración, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, que tuvieron un alcance "diferente al que el propio portavoz quiso plantear". "Hay una rectificación por parte del propio Gobierno andaluz diciendo que la Junta no se va a hacer cargo de ningún costo desde el punto de vista de imputados sea de manera directa o indirecta, y eso es lo que está encima de la mesa", según Valderas, quien ha querido dejar claro que el Ejecutivo no ha tratado este tema ni hay ninguna petición para que la Junta pudiera tomar una decisión en función de determinados aspectos normativos o legales que puedan respaldar el derecho de cualquier funcionario o alto cargo. 

Ha defendido además que cuanto antes, la juez que instruye el caso, Mercedes Alaya, llame a los imputados, apuntando que hay una cierta "indefensión" cuando a los imputados ni siquiera se les ha notificado oficialmente esa situación ni tienen fecha para una citación.