Juan Francisco Trujillo, ex chófer del que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero e imputado por 22 delitos en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, ha solicitado a la Audiencia Provincial de Sevilla su puesta en libertad sin fianza, pues hay que recordar que permanece en la cárcel de Morón de la Frontera (Sevilla) desde el pasado día 21 de marzo. 

El abogado de Juan Francisco Trujillo, Antonio Aguilar, ha informado de que ha sido esta última semana cuando ha elevado un escrito a la Audiencia Provincial en el que solicita la puesta en libertad sin fianza de su cliente, ya que "carece absolutamente de bienes" para hacer frente a la fianza de 75.000 euros fijada por la juez Mercedes Alaya. 

Inicialmente, la Sección Séptima de la Audiencia Provincial, en contra del criterio de la juez, estableció una fianza de 150.000 euros, cantidad que no pudo ser reunida por el imputado, quien el pasado mes de julio elevó un escrito a la propia magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla en el que pedía su puesta en libertad sin fianza, no obstante lo cual la magistrada sólo accedió a rebajarla a la mitad, es decir, a 75.000 euros.  

Por ello, el letrado de Juan Francisco Trujillo, que llegó a confesar, entre otras cosas, que gastó 25.000 euros mensuales procedentes de ayudas públicas en comprar cocaína, ha decidido recurrir esta decisión de la juez, de manera que será la Audiencia Provincial de Sevilla la que tenga que decidir al respecto, ha apuntado el abogado. 

Subvencionesd para usos personales

La magistrada redujo a la mitad la fianza impuesta por la Audiencia Provincial al exchófer de Francisco Javier Guerrero al entender que "excede de las posibilidades económicas" del imputado, pues los saldos de sus cuentas bancarias son negativos, aunque "no deben perderse de vista las cuantiosas subvenciones recibidas hace unos años -900.000 euros- y que las mismas se destinaron a usos personales distintos de aquellos para los que fueron otorgadas".

Además de Trujillo, la juez Mercedes Alaya también ordenó en su día el ingreso en prisión de Guerrero y del ex consejero de Empleo de la Junta Antonio Fernández, que el pasado mes de agosto salió en libertad provisional después de reunir los 450.000 euros de fianza que estableció la Audiencia Provincial de Sevilla. 

De su lado, el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta permanece en prisión desde el pasado mes de marzo al no poder hacer frente a los 250.000 euros de fianza que fijó, en su caso, la propia juez, lo que ha motivado que su abogado presente un escrito pidiendo su libertad sin fianza. 

Más de medio centenar de imputados

En la causa de los ERE hay imputadas más de 50 personas, entre ellas varios exaltos cargos de la Administración autonómica, entre ellos, además de Guerrero y Fernández, los exdirectores generales de Trabajo Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera; el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá, o el exdelegado provincial de Empleo en Sevilla Antonio Rivas.