El caos sobre los cursos de formación impartidos en Andalucía en los últimos años sumó ayer un nuevo capítulo. De los 4.365 expedientes que la Consejería de Educación ha revisado hasta ayer, de un total de 8.505 que les traspasó el año pasado Empleo (departamento que está siendo investigado por otro polémico fraude, el de los ERE), los técnicos han resuelto ya sobre 1.861 y, de éstos, 581 expedientes, el 31%, tienen una petición firme de reintegro por un montante de 17 millones de euros. La causa de la petición de reintegro es no haber entregado la documentación requerida hasta en tres ocasiones. El listado de las entidades infractoras se dará a conocer hoy.

Si se suman otros casos que están siendo investigados en los juzgados por supuesta corrupción, la Junta ya ha reclamado 94 millones de euros en expedientes de reintegro por ayudas que no se destinaron a sus fines. El mayor montante, 72 millones, procede de las irregularidades detectadas en la revisión de oficio de los expedientes de ayudas sociolaborales, el caso de los ERE; otros 4,9 millones por la revisión de facturas presentadas por UGT y estos 17 millones por falta de justificación en cursos de formación, de los que se ignoran cuántos fueron fraudulentos.

Esta evaluación parcial sobre la revisión de los cursos de formación la dio a conocer ayer el consejero de Educación, Luciano Alonso, en una comisión extraordinaria ante la repercusión que ha tenido este fraude. Alonso restó importancia a estos 17 millones y dijo que sólo supone el 0,7% de los 2.456 millones que la Junta ha destinado a cursos de formación entre 2007 y 2013. Incluso puso el ejemplo de que en infraestructuras deportivas la Consejería ha pedido reintegros de 34,3 millones a 71 ayuntamientos para quitar transcendencia a esta cifra. Sin embargo, al diputado de IU Ignacio García le pareció "un tanto preocupante" que el 31% de los expedientes finalizados tengan una petición de reintegro. Esto significaría que muchos de esos cursos de formación no se han hecho y que se ha detectado la falta de justificación porque la Junta emprendió una revisión de oficio.

Esta revisión se remonta a 2007, ya que cuando Empleo le traspasó la competencia a Educación tenía abiertos expedientes todavía de esa fecha pendientes de justificar. A los expedientes de ese año les ha dado prioridad Educación para evitar que prescriban, explicó Alonso, así que el listado que se conocerá hoy se referirá mayoritariamente a ayudas de esos primeros años.

Educación revisa uno a uno los expedientes y espera terminar con el total a finales de 2015. Las equivalencias con la reacción que tuvo la Junta con el caso de los ERE son numerosas. Entonces Empleo también abrió una revisión administrativa de los expedientes y concluyó que había 71 intrusos, un porcentaje mínimo de los 6.000 prejubilados que recibieron ayudas sociolaborales.

Esta vía de revisión administrativa de la Junta es paralela a la investigación judicial abierta hasta en siete juzgados andaluces. La Guardia Civil detuvo antes de verano a una veintena de miembros de UGT y, en agosto, al ex consejero andaluz Ángel Ojeda, al que se le imputa la creación de empresas fantasma para recibir cantidades millonarias.

Alonso incidió en este principio de transparencia y en la colaboración con la Justicia y, sobre todo, marcó distancia con los gestores anteriores, tanto desde su llegada a Educación, como por el inicio del mandato de Susana Díaz hace justo un año este próximo domingo.

Este intento de marcar distancia también explica que el celo que hasta ahora se tenía por la protección de datos deje paso a la publicación de listados de entidades exoneradas que permanecían ocultas, una potestad que tuvieron ex consejeros que ahora quedan destapados.

Alonso anunció que hoy se publicará el detalle de las exoneraciones firmadas desde 2009 (las generales, no las individuales que revela la Cámara de Cuentas y reclamó el PP). Estas exoneraciones están firmadas por los ex consejeros de Empleo Antonio Fernández y Manuel Recio, y se suman a las publicadas hace dos semanas, firmadas por Antonio Ávila, que exceptuó a más de mil entidades en diciembre de 2012. Este procedimiento ha sido utilizado frecuentemente por la Junta para salvar en siguientes convocatorias a empresas, ONG o ayuntamientos a los que la Administración no verificó a tiempo sus expedientes.

Muchas de estas entidades han protestado por aparecer en estos listados dando imagen de que no justificaron las ayudas, cuando la responsabilidad de no cerrar el expediente lo tuvo la Administración. La propia Junta contaminó este concepto de exoneración cuando la presidenta Susana Díaz anunció que no se volverá a exceptuar a nadie, aunque la responsabilidad de que los expedientes no se justifiquen a tiempo sea de la propia Administración. La ley permite exceptuar para concurrir a una siguiente convocatoria, pero no les exime de justificar las ayudas. Nadie ha explicado, y tampoco lo hizo ayer el consejero, cómo se va a conseguir verificar a tiempo para no perjudicar a las entidades que sí justifican a tiempo y necesitan esa exceptuación para seguir con sus proyectos.

Alonso también informó de que el gabinete jurídico de la Junta, a petición de Educación, se ha personado en cinco procedimientos judiciales, entre ellos, el de UGT.

El consejero también subrayó que habrá un especial celo con los 114 expedientes pendientes de justificación por parte de Ángel Ojeda y afirmó que hay 60 de los 74 presentados ante la Dirección General de Formación Profesional (los restantes fueron en provincias) que ya han sido puestos a disposición de la justicia tras el requerimiento de la juez Alaya.

Alonso también incidió en que en cuanto haya indicios contra la Hacienda Pública se llevará de inmediato al juzgado, algo de perogrullo ya que los funcionarios están obligados a poner cualquier ilícito penal en mano de la justicia.

Izquierda Unida, socio de Gobierno, trató de no verse salpicada por un caso del pasado y su diputado Ignacio García aseguró que pedirá comparecencias mensuales del consejero. El PP, que trata de involucrar a la presidenta actual como sea, se perdió en los detalles de las múltiples aristas del supuesto fraude y terminó con la petición de dimisión de Alonso.