El empresario de la Sierra Norte Eduardo Lora Ruiz, administrador de la SAT Virgen del Espino, ha asegurado este martes a la juez Mercedes Alaya que el que fuera consejero de Empleo José Antonio Viera “prometió” una ayuda de 600.000 euros para la reestructuración de la empresa y confirmó que posteriormente esa ayuda llegó.

Eduardo Lora ha sido el único de los tres empresarios que han comparecido este martes ante la juez Mercedes Alaya que ha prestado declaración, ya que José Enrique Rosendo y José María Sayago se han acogido a su derecho constitucional a no declarar.

La juez Mercedes Alaya ha imputado tres delitos a los empresarios de la Sierra Norte –prevaricación, malversación y tráfico de influncias- y al término de las comparecencias la Fiscalía Anticorrupción y la Junta de Andalucía le han reclamado una fianza civil de 25,7 millones de euros para Rosendo y Sayago, y 1,5 millones para Eduardo Lora.

Sayago y Rosendo se han acogido a su derecho constitucional a no declarar y, al término de la comparecencia, la Fiscalía Anticorrupción y la acusación particular que ejerce la Junta además de los 25,7 millones de fianza civil, han pedido que se les imponga la obligación de comparecer regularmente ante el juzgado, los días 7 y 21 de cada mes.

La Guardia Civil y la propia instructora consideran que el "tándem" compuesto por José Enrique Rosendo y José María Sayago recibió 34.264.273,70 euros de las ayudas de la Junta de Andalucía. La citación de ambos empresarios se producía dos años después de su imputación en la causa, que se produjo en un auto del 5 de marzo de 2012, y se ha visto retrasada fundamentalmente por la demora de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la entrega del atestado relativo a las ayudas recibidas por el entramado societario establecido por ambos empresarios.

En un nuevo auto, la juez citó a declarar a Rosendo y Sayago junto al empresario Eduardo Lora Ruiz, administrador de la SAT Virgen del Espino, que también recibió ayudas de la partida 31L, más conocida como fondo de reptiles.

La instructora sostiene que al tándem Rosendo-Sayago le fueron concedidas subvenciones excepcionales por importe de más de 34 millones de euros, de los cuales recibirían fondos públicos por 16.931.573,25 euros, aunque Alaya cree que "los beneficios obtenidos habrían sido mayores, en relación con las operaciones financieras realizadas en virtud de la instrumentalización de las ayudas".

Para la magistrada, los responsables del grupo de empresas -en alusión a Rosendo y Sayago- serían "plenamente conscientes de las arbitrariedades que se cometieron en la concesión de las ayudas, y como interesados incumplirían los trámites para la concesión de estas ayudas, pues a excepción de la ayuda concedida en 2009 a SAT Virgen del Espino, en ninguno de los expedientes consta solicitud de ayuda, memorias, proyectos o cualquier otra documentación preceptiva para solicitar ayudas públicas".

Aunque Alaya sospecha que Rosendo y Sayago son las personas que "llevaron el control y uso de los fondos obtenidos", también considera que Eduardo Lora Ruiz habría participado "directamente en la concesión de determinadas ayudas, pues como administrador de hecho de SAT Virgen del Espino, ejercitaría el control de esta sociedad, utilizándola para que la misma adquiriera los fondos públicos, aprovechándose presuntamente de las relaciones y tratos de favor que mantendría con los responsables públicos investigados, con objeto de conseguir resoluciones a favor de la citada sociedad".

Según la juez Alaya, SAT Virgen del Espino habría obtenido ayudas "indebidas" por importe de 1.593.571,12 euros, de los cuales se habrían abonado efectivamente 1.143.812 euros, y un importe sin determinar de créditos amparados en la concesión de las ayudas. Eduardo Lora figura igualmente en los órganos sociales de diversas entidades del grupo: Matadero de la Sierra Norte, Al Ballut, Maestrazgo de Sevilla, Sael y Sociedad de Servicios y Envasados.

La juez, en el nuevo auto, también decidió imputar a Manuel Valdecantos Lora Tamayo y Pascual Capputo Pérez, ambos vinculados a Barbadillo, y que fueron consejeros de la entidad Matadero de la Sierra Morena desde el año 2003, fecha en la que este grupo empieza a adquirir participaciones de la entidad Tierra Virgen de Alimentación (administrador único de Restaurantes Andaluces de Calidad) con la intención de "introducirse en el grupo empresarial vinculado a los imputados Rosendo y Sayago, comprando Barbadillo la mayoría de las participaciones sociales de Matadero de la Sierra Morena a partir del 24 de noviembre de 2005", precisa la juez Mercedes Alaya.