La mediación penal se incorpora a la Justicia gratuita andaluza

La Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía ha alcanzado un importante acuerdo con el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados (CADECA) para expandir los servicios de justicia gratuita. Esta iniciativa pionera incorporará la mediación penal al catálogo de servicios de asistencia jurídica gratuita, complementando las modalidades civil y mercantil ya existentes. Además, el convenio permitirá que los abogados puedan realizar conciliaciones como alternativa a los procesos judiciales tradicionales, contribuyendo a la descongestión del sistema judicial andaluz.

Según ha explicado la administración autonómica, esta medida resulta innovadora en el panorama jurídico español, ya que garantiza que los profesionales de oficio que consigan un acuerdo o conformidad que evite un juicio penal recibirán el módulo retributivo íntegro correspondiente al procedimiento. Este enfoque supone un incentivo económico para buscar soluciones consensuadas y eficientes, favoreciendo la resolución rápida de conflictos. En 2024, la Consejería implementó el Servicio de Mediación Penal de Andalucía (SEMPA), que ha logrado evitar más de 1.700 juicios en toda la comunidad, demostrando la efectividad de estas alternativas.

Retribuciones y plazos para los profesionales del derecho

Un aspecto destacable del acuerdo es el sistema retributivo establecido para los letrados que participen en estos procesos. Los abogados podrán derivar casos al SEMPA para intentar alcanzar acuerdos y percibirán la misma cantidad que si hubieran acudido a un juicio convencional. La diferencia sustancial radica en los tiempos de resolución: mientras el SEMPA resuelve los asuntos en un plazo medio de un mes, los procedimientos judiciales pueden demorarse durante meses o incluso años, lo que representa un beneficio considerable tanto para los ciudadanos como para los profesionales.

José Antonio Nieto, consejero de Justicia, ha subrayado la ambición de Andalucía al implementar estas medidas: "Incluyendo la mediación penal en la justicia gratuita, Andalucía va más allá de lo que establece la ley de Eficiencia, que solo obliga a buscar acuerdos en los casos civiles y mercantiles". Esta declaración pone de manifiesto el carácter innovador de la iniciativa andaluza, que amplía el marco establecido por la legislación nacional.

Expansión de los métodos alternativos de resolución de conflictos

Desde el 1 de enero de 2024, los ciudadanos andaluces ya pueden solicitar un profesional de oficio para intentar alcanzar acuerdos en casos civiles y mercantiles. Los letrados que logran evitar la vía judicial reciben una compensación de 400 euros por cada caso resuelto satisfactoriamente. Este sistema se ha visto reforzado a partir del 3 de abril de 2024, cuando la Ley de Eficiencia estableció la obligatoriedad de intentar solucionar conflictos civiles y mercantiles antes de acudir a los tribunales.

En respuesta a esta normativa, la Junta de Andalucía ha implementado un sistema de compensaciones para los abogados de oficio incluso cuando no consigan cerrar un acuerdo. En la reciente Comisión Mixta entre la administración autonómica y CADECA se ha acordado pagar 75 euros si el acuerdo se intenta a través de mediación o conciliación, y 25 euros si se opta por otros medios alternativos contemplados en la ley, como la oferta vinculante, el informe de un experto independiente o el derecho colaborativo. Estas tarifas posicionan a Andalucía como la tercera comunidad autónoma que mejor remunera la participación en Métodos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC).

Nuevos servicios públicos de mediación para 2025

La apuesta de la Junta por la resolución alternativa de conflictos se reforzará en octubre de 2025 con la creación del Servicio público de Mediación Civil y Mercantil (SEMCA). Este nuevo organismo complementará la labor del ya existente SEMPA, y ofrecerá servicios gratuitos para ambas partes cuando una de ellas cumpla los requisitos para beneficiarse de la justicia gratuita. Esta medida pretende democratizar el acceso a métodos alternativos de resolución de conflictos, haciéndolos accesibles a personas con recursos limitados.

Otro aspecto relevante del acuerdo alcanzado es la firma de un convenio específico con CADECA para que, a partir del 1 de septiembre de 2025, los colegios profesionales dispongan de bolsas de letrados especializados en realizar conciliaciones. Para formar parte de estas bolsas, los abogados deberán estar inscritos en el Registro de Mediadores o haber completado el curso homologado de conciliación, garantizando así la capacitación técnica de los profesionales que intervendrán en estos procedimientos.

¿Qué es la mediación penal?

La mediación penal constituye un procedimiento extrajudicial mediante el cual víctima e infractor, voluntariamente y con asistencia de un mediador profesional e imparcial, intentan alcanzar un acuerdo sobre la reparación material o simbólica del daño causado por el delito. Este proceso forma parte de lo que se conoce como justicia restaurativa, un paradigma que busca la participación activa de las partes implicadas y la reparación del daño, más allá del mero castigo al infractor.

A diferencia de los procesos penales convencionales, donde el Estado asume el protagonismo en la persecución y castigo del delito, la mediación penal devuelve el conflicto a sus verdaderos protagonistas: víctima y victimario. Esto permite abordar aspectos emocionales y relacionales que generalmente quedan fuera del proceso judicial tradicional, facilitando una resolución más integral del conflicto y mejorando las posibilidades de reinserción social del infractor.

¿Cuándo se recomienda acudir a la mediación?

La mediación resulta especialmente recomendable en conflictos donde existe una relación previa entre las partes que debe o puede continuar en el futuro, como disputas vecinales, familiares o laborales. También es adecuada en casos donde el componente emocional tiene un peso significativo en el conflicto, o cuando se busca una solución rápida y menos costosa que un procedimiento judicial completo.

No obstante, existen limitaciones para la aplicación de la mediación penal. En España, no se contempla para delitos graves como homicidios, agresiones sexuales o violencia de género, donde prevalecen consideraciones de protección a la víctima y castigo al infractor. La legislación establece que solo pueden derivarse a mediación aquellos casos donde existe un equilibrio de poder entre las partes y donde la voluntariedad del proceso pueda garantizarse plenamente.

Con esta ampliación de servicios, Andalucía refuerza su compromiso con la modernización de la justicia, apostando por métodos que favorecen la resolución ágil de conflictos y la descongestión del sistema judicial tradicional. La iniciativa se alinea con las tendencias europeas en materia de justicia restaurativa y alternativa, posicionando a la comunidad autónoma a la vanguardia de la innovación judicial en España.