En libertad con cargos y con la prohibición de salir del territorio español. El juez de Instrucción número 2 de Cádiz, Miguel Ángel López Marchena, decretó este miércoles la puesta en libertad del ex consejero de Hacienda de la Junta Ángel Ojeda Avilés, detenido el pasado lunes junto a otras ocho personas en la denominada operación Óscar contra el fraude en los cursos de formación. Al término de la declaración de Ángel Ojeda, que se prolongó durante más de cinco horas, el juez le impuso al empresario la retirada del pasaporte, una medida para evitar que pueda abandonar el país, según confirmaron fuentes judiciales, que precisaron que inicialmente y de forma genérica se le atribuyen hasta cuatro delitos: falsedad documental, fraude de subvenciones, apropiación indebida y un delito contra la Administración, si se confirma en el curso de la investigación que las ayudas para los cursos de formación se concedieron de forma irregular.

El magistrado también puso en libertad a un segundo detenido en la operación desarrollada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Brigada Central, identificado como Federico D. B., a quien se le ha impuesto la obligación de comparecer regularmente en el juzgado, precisaron las mismas fuentes.

Ángel Ojeda, que entró a primera hora de la mañana en los juzgados de Cádiz esposado, abandonó la sede judicial pasadas las tres de la tarde. Aparentemente tranquilo y tras haber pasado dos días detenido, el ex consejero atendió a los numerosos periodistas concentrados en los juzgados, a los que no paró de repetir un mismo mensaje: "En libertad sin fianza".

La operación Óscar se ha saldado finalmente con la detención de nueve personas que han quedado todas en libertad, ya que sólo fueron puestos a disposición judicial Ángel Ojeda Avilés y Federico D. B., mientras que los otros siete quedaron libres en los últimos días por decisión de la propia Policía, una vez realizadas las diligencias que los investigadores han estimado necesarias.

El operativo puesto en marcha por la Policía coincide con la investigación que está desarrollando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil bajo la dirección de la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que será finalmente quien asuma la investigación relacionada con Ángel Ojeda y sus empresas, que habrían recibido desde el año 2009 más de 33 millones de euros en ayudas para la formación concedidas por la Junta de Andalucía.

Fuentes del caso recordaron ayer que la inhibición del juzgado número 2 de Cádiz a favor del juzgado de Alaya debe solicitarla la Fiscalía, algo que por el momento no se ha producido aunque las fuentes consultadas consideran que el Ministerio Público solicitará en breve al juez López Marchena que remita la investigación al juzgado de Alaya.

Ángel Ojeda, que fue titular andaluz de Hacienda entre 1987 y 1990, declaró durante toda la mañana ante el juez Miguel Ángel López Marchena. El ex consejero, que había sido detenido el pasado lunes en su chalé de Sanlúcar de Barrameda, llegó pasadas las nueve y media de la mañana a los juzgados en compañía de otro de los detenidos en la operación. Este último arrestado, Federico D. B., prefirió taparse la cara al entrar al juzgado, mientras que Ojeda desfiló ante los medios de comunicación con semblante relajado y ocultando las esposas con una chaqueta azul. Su cara denotaba además seguridad y tranquilidad.

La Policía montó un dispositivo para garantizar la seguridad del ex consejero a su salida de los juzgados gaditanos. Su hijo acudió a recoger las mantas que le habían arropado durante las dos noches que ha pasado en las dependencias policiales, la primera en Sanlúcar y la segunda en Cádiz, y se introdujo en un turismo de alta gama -un Porsche Cayenne de color negro- con el que, tan sólo unos minutos después, acudió a la puerta de los juzgados para recoger a su progenitor, que salió acompañado por su abogado.

Ángel Ojeda regresó varias horas después a su chalé de Sanlúcar de Barrameda, donde precisamente disfrutaba de las vacaciones cuando fue detenido, para asistir a un registro de la Policía, que desde el comienzo de la operación ha mantenido vigilado el inmueble a fin de evitar que pudieran destruirse pruebas que puedan resultar útiles para la investigación. El chalé Punta Espíritu es la habitual residencia veraniega del ex consejero de Hacienda y está situado en la urbanización Espíritu Santo, junto a la playa de La Jara de la localidad gaditana.

El registro fue realizado por agentes de la UDEF Central de Madrid y del Grupo de Delitos Económicos de la Comisaría Provincial de Cádiz. Junto a Ojeda estuvieron presentes dos de sus abogados, mientras que algunos miembros de su familia se acercaron a saludarlo pero se marcharon de inmediato. En el registro la Policía se incautó de abundante documentación que se aportará a una investigación que aún está en su fase inicial, por lo que se refiere a la actuación de la UDEF, puesto que la UCO lleva meses investigando las ayudas a las empresas de Ojeda.

Tras el registro en Sanlúcar, el ex consejero se dirigió a Sevilla, donde los agentes realizaron dos nuevos registros en su vivienda de Heliópolis y en la sede de una de sus empresas implicadas en el presunto fraude.

La operación Óscar se inició a partir de la denuncia de un profesor de una de las empresas que impartía los cursos y que habría desvelado un entramado que podría haberse beneficiado de subvenciones por importe de más de 40 millones destinados en principio para el reciclaje profesional de ex trabajadores de Delphi. Este profesor había formado parte del equipo docente de una de las empresas del ex consejero, la Asociación de Apoyo a la Integración (Humanitas), y fue contratado para dar clases en Chiclana, donde detectó supuestas irregularidades, como que las acciones formativas no se realizaban o que los profesores cobraban con facturas supuestamente falsas.

"Nos impartían cursos de relleno que no nos servían"

Miembros del colectivo de ex trabajadores de Delphi se acercaron este miércoles hasta los juzgados de San José de la capital gaditana para protestar por su situación y comprobar si "estas personas les pueden mirar sin ruborizarse después de lo que han hecho, sabiendo que hay 600 familias que están en la miseria". Llegaron cuando Ojeda ya había entrado en los juzgados y desplegaron una pancarta reivindicativa, a la vez que uno de sus miembros, Francisco Ruiz, criticó los cursos que recibieron. "Eran cursos de relleno, en más de una ocasión les hicimos ver la necesidad de tener una formación más personalizada y que nos hiciera entrar con más posibilidades en el mercado laboral, pero nos dijeron que no podían inundarlo de gente extremadamente preparada". Ruiz dijo que "a esta gente le conviene que Cádiz siga siendo una provincia con el 40% de paro para que sigan llegando subvenciones que ellos manejan". Entre los ex trabajadores de Delphi algunos incluso portaban el diploma de una de las acciones formativas impartida por una empresa de Ojeda con la firma del ex consejero andaluz, un curso de montador aeronáutico que carece de homologación pertinente para trabajar en las empresas del sector y que organizó la Asociación de Empresas Aeronáuticas (AEA) creada por Ojeda. Ruiz llegó a pedir a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que "no se quede callada y denuncie la corrupción que hay en su partido".