El consejero de Justicia considera que las últimas propuestas realizadas por el ministro del ramo, Alberto Ruiz Gallardón, sobre la posibilidad de implantar medidas como la prisión permanente revisable para delitos de terrorismo o la denominada custodia de seguridad para otros delitos graves, "no son necesarias" con nuestro sistema penal. "Hace años, y no puedo decir otra cosa porque lo tengo publicado, que llevo sosteniendo que hay una tendencia de los gobiernos a establecer medidas de endurecimiento penal, en la idea de que eso produce réditos políticos o electorales. Pero considero que es inconveniente plantear estas medidas al calor de un discurso emocional derivado de la alarma social de algún caso concreto. De esta manera, se eclipsa además el discurso racional. La adopción de esta medida exige un reposo, una reflexión y un debate sosegado".

Emilio de Llera cree que el Código Penal ya da una respuesta contundente. "Nuestro sistema penal ya es suficientemente duro y riguroso; es el único sistema en el que se pueden imponer penas de hasta 40 años de prisión y encima evitando el disfrute de cualquier beneficio penitenciario de libertad, como los permisos de salida, clasificación en tercer grado, etc.", sentenció el consejero, que reconoce que la prisión permanente revisable existe en otros países como Francia, Alemania o Bélgica, pero estos modelos tienen un sistema penal "mucho menos duro que el español". Para De Llera, hay "enjuiciar cada medida dentro de cada sistema y comparar los sistemas completos, no importar una medida sola e incrustarla en un sistema que tiene unos principios distintos".

Sobre la custodia de seguridad, cree que es otra medida innecesaria. "En España desde la reforma del Código Penal de 2010 contábamos con otra medida seguridad: la libertad vigilada, una medida de seguridad posprisional, que se ejecuta una vez que se ha cumplido la pena. Y esa misma misión es la que cumplía la medida de libertad vigilada a la que ahora pretende añadirse la custodia de seguridad. Sería otra vuelta de tuerca más en la misma línea y hay que tener en cuenta que hasta el propio fiscal general del Estado ha reconocido que esta medida puede tener difícil encaje constitucional en nuestro sistema. Creo que también sería innecesaria, pero es una decisión político criminal que no corresponde a Andalucía", concluyó.