Si la juez Mercedes Alaya, que investiga las irregularidades en los ERE, logra acreditar la veracidad de las afirmaciones que el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero ha realizado a la Guardia Civil, el testimonio del ex alto cargo colocará en un aprieto al Gobierno andaluz y a los tres consejeros con los que éste trabajó directamente: Guillermo Gutiérrez, José Antonio Viera y Antonio Fernández.

1. La destrucción de documentos

El ex director general Trabajo aseguró que durante los nueve años que estuvo en el cargo los expedientes de las ayudas iban completos, pero precisó que tras su salida "tiene conocimiento (por funcionarios que no quiere identificar) que se han destruido documentos a partir de que surge el escándalo de los ERE fraudulentos en Mercasevilla", según recoge la declaración de Guerrero ante la Guardia Civil el pasado 26 de enero.

2. El Consejo de Gobierno estaba informado

Guerrero señala que la forma de adjudicación de las ayudas era un asunto que se trataba "de manera frecuente" en el consejo de dirección de Empleo, por lo que, a su juicio, también "debía de ser conocida" en el Consejo de Gobierno de la Junta. El ex alto cargo aseveró incluso "que le extrañaría que no fuera así".

3. Consejeros al tanto

Algunas de las ayudas, dada su "entidad", fueron despachadas "personalmente" con el consejero y el viceconsejero de Empleo, como ocurrió con la Faja Pirítica de Huelva, Delphi o Astilleros.

4. Ayudas sin control

El ex director general de Trabajo reveló igualmente en su comparecencia ante la Guardia Civil -previa a la que tendrá que efectuar el próximo 23 de febrero ante la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla- que su dirección general "no tenía capacidad de control" sobre las ayudas, puesto que carecía de personal y de medios suficientes para ello. Guerrero puntualizó que el seguimiento de las ayudas estaba recogido en el convenio de 17 de julio de 2001, pero en la práctica "nadie realizaba" ese control. "Sabían que algunas empresas aunque se les diera dinero, iban a cerrar, como es el caso de Santana Motor o la Faja Pirítica de Huelva".

5. no sabía de los "reparos" de intervención

Al ser preguntado por la existencia de los reiterados informes de la Intervención General de la Junta denunciando las irregularidades detectadas en la concesión de las ayudas, Guerrero advirtió que "no conocía" esos informes, puesto que "llegaban al consejero y a él no se le trasladaban". El ex alto cargo "nunca" participó en una posible respuesta o alegación a esos informes, aunque explicó que intentaron regular la forma de concesión de las ayudas mediante órdenes y borradores que "nunca prosperaron". Esos borradores, insistió, se llevaron al "consejillo" al que acudían los viceconsejeros y que presidía el entonces consejero de Presidencia, Gaspar Zarrías, pero "nunca se trataron". El ex responsable de Trabajo añadió que el Gobierno andaluz tuvo la oportunidad de regular el convenio de 2001 pero no pasó el filtro del "consejillo" y "no llegó a tratarse en el Consejo.

6. sin arbitrariedad

La juez Alaya ha preguntado a los intrusos que han declarado durante la investigación sobre qué les hacía diferentes del resto de parados para que recibieran esas ayudas. La propia Guardia Civil interrogó a Guerrero sobre por qué no se publicaron en ningún diario oficial si estaban disponibles para todo el mundo. Guerrero respondió que las ayudas tenían que cumplir uno de los ejes de la política del Gobierno andaluz: el mantenimiento de la "paz social", la ayuda a los territorios deteriorados o a los trabajadores que iban a sufrir el cierre de su empresa. "Hemos podido ser discrecionales en la concesión de las ayudas pero no arbitrarios, porque hemos ayudado a todo el que lo pedía", afirmó Guerrero, que insistió en que informó de las ayudas individuales y de sus circunstancias al consejero y el viceconsejero.

7. el convenio, la herramienta adecuada

Sobre el convenio de 2001 por el que se otorgaban las ayudas, Guerrero reiteró que "sus superiores" -en alusión al consejero y viceconsejero- le indicaron que éste era la "herramienta que regulaba la concesión de las ayudas públicas por encima del decreto autonómico de subvenciones y de la ley general de Hacienda Pública autonómica". En la misma línea, insistió en que "el uso de esta figura era conocida por los sucesivos consejeros de Empleo y, de hecho, en nueve años nadie puso reparo alguno a su uso".

8. el trasvase de fondos y pagos cruzados

La Guardia Civil preguntó igualmente sobre el trasvase de fondos de unas pólizas a otras y los pagos cruzados, que evitaban el control de la Intervención. Esta cuestión, declaró Guerrero, también se puso en conocimiento de sus superiores y se trató en los consejos de dirección. El motivo de recurrir a este método se debía a que el IFA no atendía los pagos y tenía que "ir saliendo del problema de pólizas descubiertas sobre la marcha", para que los trabajadores pudieran cobrar". Según Guerrero, el ex consejero Antonio Fernández le dijo en una ocasión que hiciera lo que tuviera que hacer para solucionarlo. "Me dijo que fuera a IDEA y le diera una patada en los cojones al Gerente", declaró Guerrero.

9. no ha ocultado las ayudas individuales

Guerrero afirmó que "nunca" ha ocultado la inclusión de personas como un amigo suyo o el ex alcalde de San Nicolás del Puerto como beneficiarios de las ayudas. "Lo despachaba en el consejo de dirección semanal y era conocido por todos los asistentes". En dichos consejos, Guerrero explicaba "las condiciones y circunstancias que rodeaban la adjudicación de ayudas a cada uno de ellos".

10. pago de minutas de abogados con pólizas

El ex director general subrayó a los investigadores que "no recuerda" que se ofreciera al bufete Garrigues el pago de sus servicios en la tramitación del ERE de la empresa Acyco mediante la suscripción de una póliza de cuyo pago se haría cargo la Junta de Andalucía. Guerrero dijo que no recuerda ese ofrecimiento, aunque admitió que la fórmula se usó para resolver algunos conflictos en otras empresas.