El relevo en la cúpula de Abengoa y la desvinculación de Felipe Benjumea de la compañía han disparado su cotización bursátil. En la última semana, el valor de los títulos de clase B -los más líquidos y que otorgan un voto en la junta de accionistas- se ha duplicado y se sitúa en máximos anuales al intercambiarse en 0,28 euros, un precio que no alcanzaba desde finales de 2015. Por su parte, las acciones de clase A -que cuentan con más derechos políticos al otorgar cien votos por título- se han revalorizado en un 44% tras cerrar ayer en 0,70 euros. A estos precios, la capitalización del grupo de ingeniería y energías renovables, sumando las acciones clase A y B, asciende a unos 300 millones de euros, muy lejos aún de los niveles en los que cotizaba hace apenas unos meses.

Los inversores han recibido positivamente el cambio en la gestión de la compañía, que se ha saldado en la sustitución de José Domínguez Abascal como presidente por Antonio Fornieles y el nombramiento de Joaquín Fernández de Piérola como consejero delegado, cargo que estaba vacante desde el pasado mes de noviembre desde la salida de Santiago Seage para dirigir Abengoa Yield, la filial cotizada en Nueva York.

La destitución de José Domínguez Abascal fue la condición exigida por Felipe Benjumea, ex presidente y principal accionista de la compañía, para aceptar la resolución del contrato de asesoramiento que le vinculaba a la firma y que le permitía seguir asistiendo a los consejos de administración pese a que formalmente ya no era consejero.

La mayor parte del rally bursátil se ha producido en las dos últimas sesiones, sobre todo en la de ayer en el caso de los títulos de clase B, con una revalorización del 56% en una sola jornada. El desencadenante fue el paso atrás a última hora del jueves del principal accionista de Abengoa -Inversión Corporativa, con el 51% de los derechos políticos y presidida por Felipe Benjumea-.

Benjumea abrió la puerta a desbloquear la situación en que se encontraban las negociaciones entre la compañía y sus acreedores. El ex directivo aceptó diluir la participación de sus antiguos accionistas hasta un 90% y conformarse con un 5% del capital una vez se produzca la reestructuración de los más de 9.300 millones de euros de deuda corporativa de la compañía.

La aspiración de su principal accionista de contar con una participación del 12,5% en la Nueva Abengoa, que podría posteriormente verse incrementada hasta el 30% si se cumplía la hoja de ruta establecida en el plan de viabilidad, era considerada "inasumible" por los acreedores, según indicaron a Europa Press en fuentes de las negociaciones.

La compañía y sus acreedores ultiman un acuerdo para esta misma semana que permita la refinanciación de la empresa. La operación consistirá en la entrada de bancos y bonistas en el capital de la compañía a través de la conversión en acciones de hasta 6.000 millones de euros de deuda. Aunque los detalles aún son objeto de discusión, los bonistas estarían dispuestos a inyectar hasta 1.000 millones y se quedarían con un 55% del grupo, mientras que la banca asumiría un 40%, según Cinco Días. El 5% restante correspondería a sus actuales accionistas, por lo que la participación de Inversión Corporativa se reduciría hasta el entorno del 2,5% y los 50.000 pequeños accionistas restantes se quedarían con otro 2,5%. Se prevé que el precio de la conversión de la deuda en acciones sea superior al de cotización en bolsa. En caso de venta de su paquete accionarial, implicaría que los bancos o bonistas asuman pérdidas de entre el 60% y el 70%.

Las entidades que forman el llamado G-7 bancario -Santander, Bankia, Caixabank, Popular, Sabadell, Crédit Agricole y HSBC- y los principales bonistas suman en torno al 40% de la deuda financiera. Para evitar la declaración del concurso, este plan debe ser rubricado antes del 28 de marzo por al menos el 75% de la deuda financiera y los tenedores de tres quintas partes del pasivo total, que supera los 16.000 millones de euros. Aquí entran en juego los proveedores de Abengoa, que suman 4.400 millones del pasivo, y a los que se ha propuesto un aplazamiento de tres años, según Cinco Días.

Mientras tanto, los trabajadores han comenzado a cobrar la nómina del mes de febrero después de que la orden de pago se realizara el pasado jueves, según confirmaron tanto fuentes de la empresa como de los sindicatos a Europa Press.