Bruselas lleva a España a la Justicia europea por no implementar la ley de Servicios Digitales

BRUSELAS/La Comisión Europea decidió este miércoles llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no haber implementado totalmente la ley europea de Servicios Digitales (DSA, en sus siglas en inglés), que busca asegurar que las grandes plataformas luchan contra el contenido ilegal y la desinformación.

En concreto, España no ha dado las competencias necesarias al coordinador nacional encargado de aplicar la norma en el país ni ha establecido las reglas que fijan las sanciones en caso de que se infrinja la regulación, según explicó el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

Bruselas ha llevado ante los tribunales por el mismo motivo a República Checa, Chipre, Portugal y Polonia, a quienes había abierto sendos expedientes por este motivo el año pasado y había dado un ultimatum para que tomasen medidas para cumplir con la directiva, aprobada en 2022.

Obligaciones de los países

Esta directiva exigía que los Estados designasen a una o más autoridades competentes para supervisar y aplicar la DSA en su territorio a más tardar el 17 de febrero de 2024 y les diesen poderes suficientes para llevar a cabo esta tarea, así como que estableciesen las reglas sobre las sanciones en caso de infracción.

"El trabajo de los coordinadores nacionales de servicios digitales es esencial para supervisar y hacer cumplir la DSA y asegurar la aplicación uniforme de la regulación en toda la Unión", recordó la Comisión.

Entre los países a los que Bruselas ha remitido al TJUE, Polonia es el único que no ha designado aún un coordinador, mientras que el resto, si bien han elegido a esa autoridad, no ha llegado a darles las competencias necesarias. Además, ninguno de los cinco ha fijado las sanciones en caso de incumplimiento.

Bruselas puede pedir a los tribunales que impongan sanciones a los países si estos no toman medidas para atajar el incumplimiento de la legislación europea o si no atienden a las sentencias judiciales.

La DSA fija normas para las plataformas digitales, en función de su tamaño, para detectar el contenido ilegal en Internet -incluidos bienes y servicios-, asegurar que la publicidad es transparente, actuar contra la desinformación y proteger a los menores. Junto con la ley de Mercados Digitales, es la primera gran regulación de la UE para las empresas digitales.