Jerez

Anticorrupción ve fraude en la obra del Centro de Interpretación del río

  • Denuncia a la adjudicataria por falsedad documental y malversación de caudales públicos

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La Fiscalía Anticorrupción ha abierto una pieza separada del conocido caso del desvío de fondos del Plan E, en el que como se recordará se acusa al Gobierno socialista de Pilar Sánchez de utilizar el dinero de dicho plan estatal para otros fines que no eran los establecidos en el mismo. El objetivo del Plan E era fomentar el empleo mediante la realización de obras.

En esta pieza separada, la Fiscalía Anticorrupción detecta diversas presuntas irregularidades en torno concretamente a las obras de construcción del Centro de Interpretación del Río Guadalete, un proyecto que actualmente sigue cerrado tras acometerse el 80% de los trabajos. El presupuesto licitado fue de 375.000 euros. Los hechos apuntan a un posible delito de malversación de caudales públicos por parte de la adjudicataria, quedando al descubierto igualmente una serie de irregularidades que le permitieron obtener la máxima puntuación. Entre dichas presuntas irregularidades destaca que la obra, adjudicada a la empresa gallega Construcción Técnica GCM, se subcontrató al cien por cien a Ronda La Mina, una empresa de Lebrija, algo que estaba prohibido de forma clara en la propia esencia del Plan E. No es lógico que la empresa que mejor precio oferte por hacer el trabajo (la que menos dinero público va a costar) entregue la obra a otra que, obviamente, lo va a hacer por menos, quedándose la primera con su propio beneficio. Lo lógico sería que la subcontrata optara a hacer la obra como adjudicataria y ese beneficio no partiera de las arcas públicas a manos privadas.

La obra está sin acabar y, según se entiende desde la Fiscalía Anticorrupción, hay hasta pagos de 93.000 euros que el Ayuntamiento abonó a Construcción Técnica GCM y que ésta no llegó a abonar nunca a la subcontrata. Ese impago provocó la referida paralización de las obras.

El importe de las certificaciones que Construcción Técnica GCM facturaba al Ayuntamiento era muy superior al que Ronda La Mina (la subcontrata) le facturaba a la adjudicataria. Como ejemplo se señala que la certificación quinta emitida por la empresa lebrijana ascendía a 34.405 euros, mientras que dicha certificación ascendió a 73.384 euros en manos de Construcción Técnica GCM. Es decir, se facturaron 38.978 euros de más. Dicha certificación fue abonada por el Ayuntamiento con los fondos del Plan E el 10 de junio de 2011, días después de la celebración de las últimas municipales.

Finalmente, y tras la denuncia de desvío de fondos, el Gobierno popular resolvió el contrato al entender que la obra había sido abandonada, incumpliéndose el contrato.

Otra de las irregularidades detectadas hace referencia al empleo de trabajadores. El real decreto 13/2009 de 26 de octubre (Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local) destaca que "el nuevo personal que el contratista necesite emplear para la ejecución de las obras debe encontrarse en situación de desempleo, prioritariamente en desempleo de larga duración y que sea requerido a través de los Servicios Públicos de Empleo". Contribuir al fomento del empleo era una de las bases para dar más o menos puntos a los aspirantes a realizar la obra. Buena prueba de ello es que las mejoras en el precio para ejecutar la obra 'cotizaban' con 5 puntos mientras que la mano de obra contratada o la estabilidad y calidad en el empleo se premiaban con 10 puntos cada una de ellas.

Así, la adjudicataria, Construcción Técnica GCM tenía cuatro trabajadores cuando se licitó la adjudicación, aportando en su momento una declaración responsable de fomento de empleo en la que se comprometía a contratar a otros 24 trabajadores nuevos, parados todos ellos, comprometiéndose a entregar fotocopia compulsada de dichas contrataciones si era elegida.

Resultó determinante dicha promesa que no fue satisfecha. Fue el 20 de diciembre de 2011, tras una prórroga, cuando Construcción GCM subcontrató el 100% de la obra a Ronda La Mina a pesar de que la Ley de Contrataciones establece que lo máximo que se puede subcontratar es el 60% del importe. Lo hizo además sin ponerlo en conocimiento de la Administración, se sostiene desde la Fiscalía Anticorrupción. Todo ello, ha llevado a declarar ya a quince personas relacionadas con este caso ante la Justicia.

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