Cinco meses después de decidirlo, el consejo de administración de Cirjesa, la sociedad que explota el circuito de velocidad, ha iniciado los trámites para contratar a una empresa que se encargue de auditar su gestión interna. El periodo analizado irá desde 2001 hasta 2015 y se estima que las conclusiones estén listas a finales del primer trimestre del año próximo.

La fijación de 2001 como inicio del estudio no es baladí puesto que en ese ejercicio se iniciaron las obras de remodelación del trazado para adaptarlo a las necesidades que requerían los organismos deportivos para la organización de pruebas de carácter internacional. Aquella importante actuación, cuyo coste superó los 30 millones de euros, sobredimensionó una deuda de una sociedad que ya arrastraba un importante déficit desde su constitución en 1985.

Según el comunicado remitido ayer por el ejecutivo local, la auditoría tendrá como objetivo analizar la "estrategia seguida en la toma de decisiones y la transparencia en la gestión", así como ver los procesos de contratación, el modelo contable, la organización de eventos, la organización interna y los sistemas de selección y contratación. El ejecutivo apuntó que, aunque se hará el análisis desde 2001, se pondrá "especial énfasis en la fase de gestión pública", es decir, a partir de 2012.

Hasta 1996, Cirjesa explotó directamente el trazado, momento en el que suscribió un acuerdo con una empresa vinculada a Carmelo Ezpeleta, máximo responsable de la firma que gestiona los derechos del Mundial de Motociclismo, para que se hiciera cargo de esta labor. El convenio se renovó en 2003 y concluyó a finales de 2011, momento en el que el desequilibrio patrimonial y financiero de Cirjesa era de tal magnitud que tuvo que solicitar el proceso concursal para evitar su liquidación. A mediados de 2012, el circuito volvió a ser gestionado directamente por Cirjesa.

En abril de 2014, el Juzgado dio vía libre al convenio de acreedores que permitió salir del concurso mediante distintos acuerdos para la liquidación de sus débitos. Sin embargo, a día de hoy aún está por resolver qué ocurrirá con el principal adeudo, precisamente con el Ayuntamiento (su principal accionista), y que asciende a más de 21 millones de euros. El Consistorio tenía previsto ampliar su participación accionarial en la sociedad por este importe, una operación de la que aún se tiene dudas sobre su legalidad y que ha generado un enfrentamiento entre los responsables técnicos del Ayuntamiento y de la mercantil pública.

Según el delegado de Economía y vicepresidente de Cirjesa, Santiago Galván, esta auditoría servirá, además, de "herramienta de transparencia y mejora que nos va a permitir clarificar los procedimientos y las gestiones realizadas en Cirjesa durante este periodo". "Cirjesa ha tenido años de pérdidas y con esta auditoría vamos a conocer bien a qué se han debido, por lo que creo que vamos a contar con una herramienta muy útil para evitar errores del pasado", sostuvo.