La desesperación cunde entre los jóvenes agricultores de la provincia, atrapados en la tela de araña que ha tejido la Consejería de Agricultura en torno a las convocatorias de ayudas del Plan de Desarrollo Rural (PDR), entre ellas la de la incorporación de la actividad agraria que ha llevado a la mayoría de estos jóvenes a figurar en las listas de morosos.

Los expedientes de las solicitudes tardan una eternidad en tramitarse y, cuando se resuelven favorablemente, los beneficiarios pueden esperar sentados a cobrar las ayudas, que salvo en casos contados, siguen sin llegar, lo que les impide estar al corriente en los préstamos solicitados para poner en marcha sus proyectos.

La Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas Coag-Cádiz denunció ayer públicamente el "colapso absoluto" de las principales ayudas del segundo pilar de la PAC por la "nefasta gestión" de la Consejería. Además de la incorporación de jóvenes agricultores, el caos administrativo afecta principalmente a las ayudas a la modernización tanto de explotaciones como de invernaderos, a la agroindustria y a las que se destinan a los Grupos de Desarrollo Rural.

Y sus sospechas apuntan a que la actual situación se debe a la falta de liquidez de la Junta para cofinanciar unos programas que suman en Andalucía más de 500 millones de euros y de los que la Administración autonómica sólo aporta entre el 10 y el 17,5%, corriendo el resto a cargo de fondos comunitarios.

La situación es "absurda", afirmó ayer en rueda de prensa Miguel Pérez, secretario provincial de Coag, quien instó a la Junta a que "si el problema es el dinero, que lo digan abiertamente porque las organizaciones agrarias hemos divulgado estas líneas de ayuda y animado a los agricultores a que las solicitaran".

Pérez explicó que Coag difundió colaboró en la difusión de las ayudas como la incorporación de jóvenes agricultores, que generaron grandes expectativas, de ahí que se presentaran multitud de solicitudes.

Pero "de tener una medida estrella hemos terminado estrellando a los jóvenes, los hemos aburrido y ahora están atrapados porque tienen un compromiso de permanecer en la actividad agraria cinco años", dijo, al tiempo que lamentó que "estamos torpedeando una medida que hace mucha falta en el campo de la provincia", ya que según los cálculos de Eurostat por cada joven que se incorpora se generan siete puestos de trabajo directo y "estamos hablando de entre 700 y 800 empleos directos en la provincia".

El propio Pérez, quien compareció acompañado del presidente de la cooperativa Nuestra Señora de las Virtudes de Conil y miembro de la ejecutiva provincial de Coag, Bartolomé Ramírez, explicó que, entre otros requisitos, para acogerse a estas ayudas se exige a los jóvenes instalarse con antelación y mantener la actividad durante un mínimo de cinco años. Para hacer frente a la inversión inicial, la mayoría de estos jóvenes solicita un préstamo a una entidad bancaria y acuerda un calendario de pago de la deuda conforme a los plazos previstos para el cobro de las ayudas, que luego incumple por sistema la Junta.

En la provincia se presentaron 200 solicitudes a la convocatoria de 2015, de las que se resolvieron favorablemente casi la mitad, en concreto las presentadas por 97 jóvenes, de los que únicamente once, ninguno de ellos en la campiña jerezana, han recibido ya algún pago. Al resto, según Pérez, "no se le ha pagado a día de hoy un sólo euro" y en situación parecida se encuentran los 33 jóvenes de entre los 219 que solicitaron la ayuda en la convocatoria de 2016 y que tienen resolución favorable provisional.

Para Coag, el problema tiene aún solución siempre que haya una reacción política y una mejora en la gestión administrativa de la Consejería. Caso contrario, la Junta se verá obligada a devolver a Bruselas los fondos comunitarios para Desarrollo Rural no ejecutados en el actual marco 2014-2020, del que ya se ha agotado la mitad del periodo sin hacer uso de la inmensa mayoría.

"No será fácil, ya que según Pérez, a día de hoy en la Consejería no hay liderazgo de ningún tipo y los programas para la resolución de los expedientes administrativos son laberintos informáticos en los que te equivocas sí o sí, algo que dista mucho de la simplificación que persigue Europa en la PAC".

El líder agrario fue más allá en su denuncia al apuntar que el procedimiento que sigue la Junta puede ser "incluso ilegal", pues "la norma de referencia, que generalmente es una orden de convocatoria de ayudas, nada tiene que ver con el manual de aplicación que siguen los funcionarios".

Bartolomé Ramírez fue más explícito sobre los despropósitos de la tramitación de los expedientes y la baremación, para la que aseguró que "hay que hacer un curso de adivino, porque los agricultores no tenemos ni idea de lo que dice el manual de los funcionarios, el catecismo, al que también nos niegan el acceso".

El responsable de la ejecutiva provincial de Coag criticó duramente estas incongruencias, como el agravio a la agroindustria de la provincia, que a su juicio no compite en igualdad de condiciones con las de otras provincias al premiarse con diez puntos las solicitudes de las provincias que están por debajo de la tasa media de paro de Andalucía. "Cádiz es la provincia con más paro de España y estamos compitiendo en un concurso regional en el que no tenemos nada que hacer, porque no tienen en cuenta el trabajo que vas a generar".

"No queremos privilegios", pero tampoco que "nos traten como a delincuentes", indicó Ramírez en alusión a las inspecciones, hasta dos en algunos casos, que realiza la Consejería en las explotaciones de los beneficiarios que siguen sin recibir las ayudas.

El presidente de la cooperativa de Conil reclamó una auditoría de gestión de la Consejería, en la que aseguró que "son perfectamente conscientes de lo que está pasando, pero no hacen nada". "Muchos agricultores están asfixiados, pero no se dan cuenta del daño que les están haciendo y luego quieren que haya relevo generacional", replicó Ramírez, no sin lamentar que a los políticos se les llene luego la boca diciendo que el sector primario es el que mejor ha resistido la crisis y el que más empleo genera.